A causa de los últimos hechos de violencia registrados en distintos centros de salud del país, donde personal ha sufrido violencia y golpes por partes de pacientes y usuarios de los recintos, o se ha sentido amenazada por delincuentes con armas de fuego, es que varios gremios han manifestado su preocupación y han solicitado un mayor resguardo policial y descongestionar estos establecimientos.

La doctora Inés Guerrero, vicepresidenta del Colegio Médico, en declaraciones a Emol lamentó “esta preocupante alza de las agresiones contra el personal de salud, como hemos visto en los últimos días. Los recintos de salud deben ser espacios libres de violencia y deben ser cuidados por toda la comunidad”.

Afirmó que “obviamente en estas condiciones estamos con más tiempos de espera y eso aumenta la frustración de las y los usuarios”.

A raíz de esta situación, hizo un llamado a las autoridades a “tomar medidas para descongestionar los centros, evitar que los pacientes tengan reacciones de este tipo, pero especialmente invertir en seguridad y protección que permita cuidar la integridad tanto de los usuarios como del personal de salud”.

La presidenta nacional de la Confederación Nacional de Funcionarios de Salud Municipalizada (Confusam), Gabriela Flores, señaló, a su vez, que “estamos en un punto crítico de la pandemia con récord de casos y mucha gente enferma en sus casas sin orientación sobre qué hacer. Los servicios de urgencia de la atención primaria SAPU y SAR están colapsados por falta de insumos y falta de personal, ya que el ministerio no traspasó recursos para mantener los refuerzos”.

Planteó que es importante que los recintos de salud cuenten con botones de pánico, para la pronta actuación de los guardias de seguridad. “Una de las falencias muy grandes que tenemos es que cuando se llama a Carabineros, ellos llegan una hora después, cuando ya no hay nada más que hacer”, agregó.

La presidenta de la Fenats, Carol Poblete, aclaró que en algunos centros asistenciales se han instalado este tipo de dispositivos, pero “no son suficientes; la autoridad nos dice que no hay recursos para instalar más. Hace falta un mayor compromiso respecto a la seguridad de los funcionarios”.

Solicitó que las autoridades se sumen a las querellas que se presenten por este tipo de hecho, “para que la población empiece a darse cuenta que agredir a un funcionario no es una situación que les salga tan gratis”

“Muchas veces los directores de servicio no denuncian y las pocas que se hacen, tampoco llegan a puerto. Al final, es el propio funcionario el que debe pedir permiso para hacer la denuncia y buscar a sus propios abogados”, agregó.