La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a la eventual acusación constitucional contra la ministra Ángela Vivanco y al cuaderno de remoción abierto por la Corte Suprema, luego que se revelaran conversaciones entre la jueza y el abogado Luis Hermosilla.

Vallejo señaló que “son dos procesos que corren de manera paralela. Una cosa es la decisión que ha tomado, y que valoramos como Ejecutivo, la Corte Suprema de tener esta sesión extraordinaria para recabar los antecedentes asociados a la jueza Vivanco, y que ya ha iniciado un procedimiento sancionatorio al respecto”.

“Otra cosa es la decisión que toma otro poder que es el Legislativo, que tiene facultades y atribuciones constitucionales respecto no solo a ministros del Poder Ejecutivo, sino que también a ministros del Poder Judicial”, explicó.

Junto con ello, dijo que “nosotros respetamos las atribuciones de los otros dos poderes que son autónomos del Poder Ejecutivo, que acudiendo a las herramientas que nuestro ordenamiento tiene para fiscalizar y sancionar a autoridades en este caso de la Corte Suprema”.

“Nosotros valoramos que la Corte Suprema haya emitido una decisión, que implica otros pasos, pero que haya incorporado incluso un informe de los antecedentes recabados, que son sumamente serios. Eso da cuenta que hubo una capacidad de respuesta de dicha institución que se ajusta a lo que debe hacer una entidad como esta frente a un caso de corrupción tan grave como el que estamos preciando”, manifestó.

Al ser consultada por las opciones que se encuentra barajando el Gobierno respecto a cambios en el sistema del nombramiento de jueves, Vallejo afirmó que la propuesta “no es una modificación al sistema de nombramiento solo aguas arriba, sino que también aguas abajo. Es al sistema de nombramiento dentro del Poder Judicial”.

“Para abordar el problema que tenemos, no hay que sólo abordarlo desde la punta del iceberg, sino que también desde abajo. En segundo lugar, es para abordar en el marco de los conflictos de interés, el tráfico de influencia”, indicó.

La secretaria de Estado detalló que se busca “modernizar” la legislación “para ser más exhaustivos y eficaces en la detección, persecución y sanción respecto de estos delitos”.

“Para nosotros como Gobierno, no basta en señalar el problema, sino que hay que tomar cartas en el asunto con acciones y propuestas”, agregó.

Además, recalcó que “necesitamos el resguardo de que nuestras instituciones van a poder funcionar con mejores estándares para que estas cosas no vuelvan a pasar. Y esa es la máxima que estamos buscando como Gobierno”.