El Gobierno decidió suspender el decreto de la administración de Michelle Bachelet para la creación de 101 cargos de notarios, archiveros y conservadores, iniciativa impulsada por el exministro de Justicia, Jaime Campos.
Según informa este martes El Mercurio, la medida suspende por 30 meses los efectos del decreto exento 1515 del gobierno anterior, en todos aquellos casos en que no se ha llamado a concurso para proveer los cargos, que corresponden a cerca de 40 destinaciones.
De acuerdo a la publicación, la suspensión está contemplada en el decreto supremo 49 firmado por el Presidente Sebastián Piñera y el ministro de Justicia, Hernán Larraín, con fecha 15 de enero. El texto se encuentra en la Contraloría para su toma de razón. El plazo corre a contar de la publicación en el Diario Oficial.
El Ejecutivo planea reemplazar el decreto con una nueva legislación, aunque para no generar consecuencias jurídicas adversas había optado por convalidarlo a través del decreto 583 del 19 de junio de 2018.
En el mismo orden, el decreto provee los cargos en aquellos casos en que la Corte de Apelaciones de Concepción informó favorablemente.
En sus argumentos, el Ejecutivo plantea que tanto el Congreso Nacional como la Fiscalía Nacional Económica “han ratificado la urgente necesidad de modificar el sistema que actualmente rige a notarios, conservadores y archiveros”.
El primero, por medio de las conclusiones alcanzadas por la comisión especial investigadora de la Cámara sobre los actos del Gobierno en materia de aumento del número de funcionarios auxiliares de la administración de justicia, y el segundo, a través de su Estudio de Mercado sobre Notarios de junio de 2018.
Por ello recuerda que, en cumplimiento del programa de gobierno, el Ejecutivo presentó el proyecto de ley que modifica el sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales. En especial proponiendo un nuevo sistema de nombramiento para asegurar publicidad, transparencia y una designación fundada en el mérito.
Este ingresó a la Cámara de Diputados el 11 de septiembre del año pasado y se encuentra en primer trámite constitucional en la comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara. La idea del Gobierno es proceder a las designaciones que corresponden “en conformidad al sistema de nombramiento que, finalmente, establezca la iniciativa legal en trámite, una vez sea publicada”.
La decisión de crear estos nuevos cargos generó controversia desde el anuncio realizado por el entonces ministro de Justicia, Jaime Campos, en julio de 2017. Incluso la Corte Suprema envió un oficio a Campos manifestando su preocupación por no haber sido considerada su opinión.
En abril del año pasado, la Contraloría devolvió siete decretos de nombramientos de notarios al Ministerio de Justicia, señalando que no tomaría razón de ninguna designación mientras no se resolviera un problema de legalidad del decreto.
Y ya en julio, el ministro Larraín advertía que “de esas 101 (notarías), se abrirán probablemente muy pocas, porque esperamos sacar un proyecto que cambie la oferta notarial y registral chilena”.
Según informa este martes El Mercurio, la medida suspende por 30 meses los efectos del decreto exento 1515 del gobierno anterior, en todos aquellos casos en que no se ha llamado a concurso para proveer los cargos, que corresponden a cerca de 40 destinaciones.
De acuerdo a la publicación, la suspensión está contemplada en el decreto supremo 49 firmado por el Presidente Sebastián Piñera y el ministro de Justicia, Hernán Larraín, con fecha 15 de enero. El texto se encuentra en la Contraloría para su toma de razón. El plazo corre a contar de la publicación en el Diario Oficial.
El Ejecutivo planea reemplazar el decreto con una nueva legislación, aunque para no generar consecuencias jurídicas adversas había optado por convalidarlo a través del decreto 583 del 19 de junio de 2018.
En el mismo orden, el decreto provee los cargos en aquellos casos en que la Corte de Apelaciones de Concepción informó favorablemente.
En sus argumentos, el Ejecutivo plantea que tanto el Congreso Nacional como la Fiscalía Nacional Económica “han ratificado la urgente necesidad de modificar el sistema que actualmente rige a notarios, conservadores y archiveros”.
El primero, por medio de las conclusiones alcanzadas por la comisión especial investigadora de la Cámara sobre los actos del Gobierno en materia de aumento del número de funcionarios auxiliares de la administración de justicia, y el segundo, a través de su Estudio de Mercado sobre Notarios de junio de 2018.
Por ello recuerda que, en cumplimiento del programa de gobierno, el Ejecutivo presentó el proyecto de ley que modifica el sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales. En especial proponiendo un nuevo sistema de nombramiento para asegurar publicidad, transparencia y una designación fundada en el mérito.
Este ingresó a la Cámara de Diputados el 11 de septiembre del año pasado y se encuentra en primer trámite constitucional en la comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara. La idea del Gobierno es proceder a las designaciones que corresponden “en conformidad al sistema de nombramiento que, finalmente, establezca la iniciativa legal en trámite, una vez sea publicada”.
La decisión de crear estos nuevos cargos generó controversia desde el anuncio realizado por el entonces ministro de Justicia, Jaime Campos, en julio de 2017. Incluso la Corte Suprema envió un oficio a Campos manifestando su preocupación por no haber sido considerada su opinión.
En abril del año pasado, la Contraloría devolvió siete decretos de nombramientos de notarios al Ministerio de Justicia, señalando que no tomaría razón de ninguna designación mientras no se resolviera un problema de legalidad del decreto.
Y ya en julio, el ministro Larraín advertía que “de esas 101 (notarías), se abrirán probablemente muy pocas, porque esperamos sacar un proyecto que cambie la oferta notarial y registral chilena”.
