El libelo busca sancionar a la paciente por exponer a la población al contagio del coronavirus, con el agravante que al momento de su detención escupió a los efectivos de Carabineros que realizaban el procedimiento.
El Gobierno se querellará contra la mujer de 27 años, diagnosticada con Covid-19, que el miércoles se escapó del Hospital Higueras de Talcahuano y que horas después fue detenida por Carabineros en la Vega Monumental de Concepción. El intendente del Biobío, Sergio Giacaman, confirmó que el Ministerio del Interior presentará la acción judicial contra la paciente incluyendo el agravante, que es que “luego de escaparse, ella incurre en un acto de rebeldía, escupiéndole a la fuerza pública”. “Esa persona no sólo expuso a la ciudadanía al huir del hospital, además expuso a los funcionarios de Carabineros con este escupitajo”, indicó el jefe regional. Luego de la situación protagonizada por la paciente con coronavirus, la Vega Monumental fue cerrada por motivos de seguridad sanitaria. En tanto, la fiscalía local abrió un expediente contra la paciente con coronavirus, quien está siendo investigada por una eventual infracción al artículo 318 del Código Penal, que sanciona a quien pusiere en peligro la salud pública por infracción de las reglas higiénicas o de salubridad, debidamente publicadas por la autoridad, en tiempo de catástrofe, epidemia o contagio. La fiscal regional, Marcela Cartagena, justificó que la mujer no fuese sometida a audiencia de control de detención debido a la baja pena asignada al delito contemplado en el citado y que faculta al ente persecutor para que la persona imputada quede apercibida por el artículo 26 del Código Procesal Penal. Eso sí, precisó “no significa que el hecho ilícito quede impune, ya que se abrió una investigación para esclarecer lo sucedido y, posteriormente, aplicar las decisiones jurídicas que en derecho correspondan”, sostuvo. La persecutora agregó que “las exigencias que todos los habitantes de nuestro país debemos cumplir para evitar la propagación del coronavirus nos comprometen a tomar las máximas medidas de resguardo para no poner en riesgo a quienes trabajamos en el sistema de justicia penal”.
