La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a la controversia en la que se ha visto envuelto el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, después de la salida de la ahora exseremi de la cartera de la Región Metropolitana, Patricio Hidalgo.

Hidalgo (PPD) dijo en Radio Biobío haber sido “presionada” por el Gobierno para aprobar proyectos con los que no estaba de acuerdo y en los que tenía “algunos cuestionamientos técnicos”. Esta acusación sirvió de antecedente para el Partido Republicano para evaluar una posible acusación constitucional contra Jackson.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social precisaron que la salida fue motivada debido a que Hidalgo se desentendió “formalmente respecto a la presentación de denuncias, cuestión que es obligación de toda autoridad política y funcionario público; ante indicios de la presunta violación de una niña en un recinto de atención a personas en situación de calle”.

Vallejo sostuvo que “ha sido muy clara la declaración del Ministerio de Desarrollo Social sobre la materia. Cuando abordamos este tema, tenemos que hacerlo desde el punto de vista de lo que establece la ley de garantías de protección de la niñez. Este es un tema delicado y grave, y como funcionarios y funcionarias públicas, tenemos deberes que se ajustan a estándares más altos, que establece esta ley”.

“Por lo tanto, cuando el ministerio en su comunicado señala la pérdida de confianza respecto a esta funcionaria pública, dice relación con que no fue diligente, por decir lo menos, respecto a la toma de conocimiento sobre un posible caso de violación, lo que es grave”, advirtió.

La secretaria de Estado recalcó que “cuando hablamos de la protección, de combatir situaciones delictuales, hablamos también de cumplir con mandatos legales como funcionarios y funcionarias públicas. Cuando no se está a la altura de esos mandatos legales, efectivamente lo mínimo que pasa es una pérdida de confianza más allá incluso de todos los otros elementos que derivan en un sumario administrativo, por ejemplo. Esa es la razón que llevó a la solicitud de desvinculación por parte del ministerio”.

Respecto a la denuncia de la exseremi, Vallejo aclaró que “cuando se evalúan proyectos tienen que evaluarse en función del mérito y los elementos técnicos que obliga la ley a considerar, más allá de la opinión que pueda tener la ex funcionaria, pero esa no es la razón de la solicitud de renuncia que señaló el Ministerio de Desarrollo Social”.

“Cada vez que uno toma conocimiento de estas cosas, no es que uno derive, somos agentes proactivos en el poner en la Fiscalía o en quien corresponda los antecedentes del caso para que se investiguen y esclarezcan los hechos. Eso es lo que establece la Ley de Garantías que nos costó mucho tramitar y lograr que sea ley de la República”, sentenció.