El Gobierno rechazó el lunes las afirmaciones de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien aseguró que tras el estallido social de octubre de 2019 se registraron violaciones de los Derechos Humanos “graves” en el país.

Bachelet respondió a una consulta realizada por la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, que investiga una veintena de querellas contra distintas autoridades por presuntos crímenes de lesa humanidad.

En el documento la exmandataria detalla en el informe redactado desde su oficina, que “entre otras conclusiones, (…) había razones fundadas para sostener que, a partir del 18 de octubre, se había producido un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos, incluyendo el uso excesivo o innecesario de la fuerza que resultaron en la privación arbitraria de la vida y en lesiones, la tortura y malos tratos, la violencia sexual y las detenciones arbitrarias. Estas violaciones se cometieron en todo el país, pero su gran mayoría ocurrió en la región metropolitana y contextos urbanos”.

En este contexto, el ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, ha señalado que en un país democrático, “quien determina” la existencia de violaciones a los derechos humanos no son “los expresidentes”, sino los tribunales.

“En nuestro país hay un orden democrático”, ha sostenido, recalcando que, por tanto, “esto está en mano de los fiscales y de los tribunales y todos aquellos ámbitos que tengan que ver con derechos humanos para este Gobierno son fundamentales”.

“Hay un compromiso clarísimo: nunca, jamás, se pueden justificar las violaciones de los derechos humanos”, ha insistido Bellolio, que ha hecho hincapié en que “este compromiso implica que siempre hay que colaborar para que se haga justicia y esa justicia, en un país democrático, la hacen los tribunales y no la hacen otras personas”.

LOS DICHOS DE BACHELET

En el documento, despachado a la oficina de Bachelet el pasado 2 de octubre de 2020, fue recibido en Chile por Perivancich el 10 de diciembre del mismo año, según consignó La Tercera.

Las preguntas a Bachelet se dan en el contexto de varios emplazamientos similares realizados por la Fiscalía a diferentes organismos y en el marco de tramites hechos por Perivancich a raíz de más de 20 querellas que está investigando la fiscalía por acciones judiciales vinculadas a la presunta violación de derechos humanos.

La fiscal también consultó cómo la oficina que representa la expresidenta en la ONU, lleva un seguimiento de las recomendaciones que realizaron al Gobierno. Sobre ello, Bachelet afirmó que se está desarrollando un documento para dar cuenta del cumplimiento de las propuestas realizadas.

Sobre si se hicieron reuniones entre la oficina y el Gobierno, la exmandataria señaló que “la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América del Sur ha mantenido un diálogo con diversas autoridades para conocer sus versiones, perspectivas y datos sobre las posibles violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de las movilizaciones en Chile, desde el 18 de octubre de 2019″.

“Además de reuniones regulares con la Subsecretaría de Derechos Humanos, la oficina regional sostuvo reuniones con: la comisión de derechos humanos de la Cámara de Diputados, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente de la Corte Suprema, el ministro de Justicia, el ministro de Salud, el contralor general de la República, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública y la directora de derechos humanos de Carabineros de Chile”, afirmó.

De todas formas, exmandataria agregó que “la oficina regional no ha podido sostener reuniones con las más altas autoridades del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior, por razones ajenas a la oficina”.

“Por otra parte, la oficina regional intervino en el Comité Interministerial de Derechos Humanos, en su reunión del 30 de enero de 2020, expresando su preocupación por casos del uso excesivo de la fuerza (incluso, en contra de manifestaciones pacíficas, observadores de derechos humanos y brigadistas de salud). En esta reunión, la oficina regional solicitó, sin éxito, que las autoridades, en particular a la más alta autoridad del Ministerio del Interior, a tomar medidas concretas para garantizar que cualquier uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad se realice en estricto respeto de las obligaciones y estándares de derechos humanos”, afirmó.

También, hizo mención al Ministerio de Salud sobre los brigadistas voluntarios de salud que asisten desde esa fecha a las protestas: “El 6 de febrero de 2020, integrantes de la oficina regional se reunieron con la más alta autoridad del Ministerio de Salud y le solicitaron que las autoridades tomen las medidas necesarias para garantizar la protección de brigadistas voluntarios de salud, en respuesta a informaciones que indicaban que habían sido reiteradamente agredidos por miembros de Carabineros de Chile. La solicitud no fue aceptada, indicándose que los brigadistas voluntarios no gozan de estatus oficial/profesional y no están autorizados a ofrecer primeros auxilios”.