La Ley 21.565 de Reparación a Víctimas de Femicidio y sus Familias avanzó conforme también suben los registros de estos delitos a nivel nacional. Solo en 2023 se registraron 42 femicidios consumados, 259 frustrados y 46 tentados, de acuerdo a las cifras entregadas por el Sevicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG). Mientras que, hasta este lunes, en 2024 el organismo ha contabilizado 22 femicidios consumados, 139 frustrados y 33 tentados.

De acuerdo con información publicada este martes por La Tercera, desde la promulgación de la normativa hasta esta fecha se hayan concedido 100 pensiones a menores de 18 años hijos e hijas de víctimas de femicidio, que representan los casos de 65 mujeres víctimas de femicidios consumados o suicidios femicidas.

El detalle por región considera que estos se presentan en su mayoría en la Región Metropolitana (23), Valparaíso (14), La Araucanía (11), Los Ríos (9) y O’Higgins (7). Desde SernamEG, en todo caso, precisan que la región que se considera es por la residencia de las víctimas y no necesariamente coincide con el lugar donde ocurrió el femicidio.

La ley establece la creación del derecho a una pensión para las y los hijos de las víctimas de femicidio o suicidio femicida, donde el monto del beneficio ascenderá a $ 160.000 y será pagado de forma mensual hasta que el beneficiario cumpla los 18 años de vida.

Según SernamEG, actualmente se están pagando 83 pensiones de forma mensual y dos pensiones con pago único y retroactivo que corresponden a hijos que cumplieron su mayoría de edad y que se les canceló con un pago único correspondiente al monto calculado desde mayo de 2023 hasta cuando cumplieron los 18 años.

Además, se suman a este beneficio 15 pensiones nuevas que comenzarán a pagarse en los próximos días. En cuanto al avance de este mecanismo, desde el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género señalan que camina acorde a lo proyectado.

LA GESTIÓN DE LA LEY

La directora nacional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, Priscilla Carrasco, explicó que “nuestro acompañamiento se traduce en apoyo psicosocial y legal en medio de la tragedia irreparable que subyace a un femicidio. Y desde diciembre de 2023, gracias a un equipo de profesionales, seguimos aportando en los procesos de reparación, implementado esta ley, determinando la condición de víctima de femicidio a fin de que las familias puedan acceder al beneficio”.

“Ha sido un importante trabajo de coordinación con otras instituciones para construir el registro de víctimas directas de femicidio y sus hijos e hijas menores de edad, que, en algunos casos, data desde 2014. Nuestro desafío es avanzar rápidamente para llegar de forma oportuna a todas las familias que tienen derecho a este beneficio”, agregó.

También La Tercera señala que, para la correcta entrega de las prestaciones, SernamEG se ha encargado de calificar, ubicar y contactar a las personas beneficiarias, recoger los antecedentes, dictar las resoluciones y notificarlas, “pues el Estado no contaba con un registro de estos NNA. En este sentido, se trata de un registro que se está construyendo a partir de esta normativa”, dice Carrasco.

Por su parte, la ministra Orellana señala que “en los últimos años, nuestro país ha avanzado sostenida y contundentemente en iniciativas legales para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, lo que sin duda contribuye a propiciar y acelerar los cambios sociales necesarios para su abordaje”.

“Se trata de normas complementarias que abordan distintos aspectos de la violencia de género. En el caso de la Ley de Reparación su objetivo es contribuir a resarcir el daño que han vivido miles de víctimas de femicidio y sus familias, reconociendo la responsabilidad del Estado frente a la violencia que viven las mujeres, y que la violencia de género no solo afecta a quienes la viven, sino que también daña sus entornos y a las personas más cercanas a ellas, especialmente a hijas e hijos”, dijo la ministra.

Ley 21.565 también establece que quienes hayan sobrevivido a un femicidio tienen desde ocurrido el hecho, derecho al fuero laboral por un año. Asimismo, sus familiares también pueden asistir a todas las diligencias de investigación e instancias judiciales en las que se les requiera, además de tener acceso preferente a la oferta de protección social del Estado.