El Gobierno concretó la mañana de este miércoles una nueva expulsión por orden judicial de ciudadanos colombianos, esta vez de 28 hombres y 3 mujeres que presentaban condenas por delitos de tráfico de drogas, de armas y asaltos. A todos se les conmutó la pena por la deportación.
En el Grupo 10 de la FACH del aeropuerto internacional de Santiago, 21 fueron embarcados en un avión Hércules de la Fuerza Aérea que despegó hacia Iquique, donde hizo escala técnica técnica y recogió a otros 10 colombianos, para luego seguir viaje a Bogotá.
En agosto pasado fueron expulsados otros 51 colombianos por los mismos motivos. Hasta la fecha, según cifras del Ministerio del Interior, se ha expulsado a 1.682 extranjeros por orden judicial y administrativa. En el 88% de los casos se trata de narcotraficantes.
En el aeropuerto, donde encabezó el procedimiento junto a la PDI, el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, explicó que los expulsados no pueden regresar al país en 10 o más años, según resolución del juez. Reiteró que en el caso de los haitianos que abandonaron el país fue una decisión voluntaria.
En cuanto al gasto de las expulsiones, señaló que “esto no es costo-beneficio, tiene que ver con el cumplimiento de una instrucción judicial, porque es el juez el que lo determina no es el Ejecutivo”.
Añadió que “en el caso de las expulsiones esto se financia con las propias multas que los extranjeros pagan cuando incumplen una norma migratoria, siempre es más barato esta instancia donde sale un grupo grande, porque de acuerdo a la normativa internacional si van en un avión comercial, deben ir acompañados cada uno de los expulsados por dos funcionarios de la PDI”.
“Eso aumenta significativamente los costos, cuando se hace en un avión de la FACH lógicamente se aprovechan esas economías de escala”, concluyó.
En el Grupo 10 de la FACH del aeropuerto internacional de Santiago, 21 fueron embarcados en un avión Hércules de la Fuerza Aérea que despegó hacia Iquique, donde hizo escala técnica técnica y recogió a otros 10 colombianos, para luego seguir viaje a Bogotá.
En agosto pasado fueron expulsados otros 51 colombianos por los mismos motivos. Hasta la fecha, según cifras del Ministerio del Interior, se ha expulsado a 1.682 extranjeros por orden judicial y administrativa. En el 88% de los casos se trata de narcotraficantes.
En el aeropuerto, donde encabezó el procedimiento junto a la PDI, el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, explicó que los expulsados no pueden regresar al país en 10 o más años, según resolución del juez. Reiteró que en el caso de los haitianos que abandonaron el país fue una decisión voluntaria.
En cuanto al gasto de las expulsiones, señaló que “esto no es costo-beneficio, tiene que ver con el cumplimiento de una instrucción judicial, porque es el juez el que lo determina no es el Ejecutivo”.
Añadió que “en el caso de las expulsiones esto se financia con las propias multas que los extranjeros pagan cuando incumplen una norma migratoria, siempre es más barato esta instancia donde sale un grupo grande, porque de acuerdo a la normativa internacional si van en un avión comercial, deben ir acompañados cada uno de los expulsados por dos funcionarios de la PDI”.
“Eso aumenta significativamente los costos, cuando se hace en un avión de la FACH lógicamente se aprovechan esas economías de escala”, concluyó.
