El Gobierno dio este martes suma urgencia al proyecto de ley que regula el funcionamiento de plataformas tecnológicas de transporte en Chile, es decir Uber y Cabify, lo que establece un plazo de discusión de 15 días en la Cámara de Diputados.
La iniciativa legislativa, presentada por el Gobierno el pasado 20 de julio y que se encuentra en primer trámite constitucional, establece regulaciones centradas en mejorar la calidad del servicio y la seguridad en los traslados que se realizan a través de aplicaciones móviles en todo el país.
“El proyecto ingresó con urgencia simple y nosotros respaldamos eso para dar espacio a los gremios para hacer la presentación de sus argumentos. Hemos cambiado a urgencia suma, resguardando la posibilidad de que los gremios sean invitados, porque nos parece muy importante que esta discusión tenga lugar en el Congreso”, señaló la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, recalcando la apertura al diálogo que se debe priorizar entre gremios, empresas y el Gobierno.
Además de establecer como exigencia la licencia profesional para conductores, el proyecto crea las Empresas de Aplicaciones de Transportes (EAT) y las obliga a constituirse como compañías de transporte remunerado de pasajeros en Chile.
Esto implica que deberán iniciar actividades en el país y además, hacerse cargo del servicio de transporte que entregan, por ejemplo en caso de accidentes o calidad del servicio. Con ello, las compañías no podrán excusarse que sólo proveen los servicios tecnológicos, tal como ocurre hoy día.
El proyecto de ley también establece que los conductores que registren antecedentes penales por delitos sexuales, tráfico de drogas o manejo en estado de ebriedad, con resultado de lesiones o muerte, no podrán trasladar pasajeros a través de estas plataformas.
Asimismo, la iniciativa le exige a las plataformas informar a los usuarios sobre tarifas del viaje con anterioridad y la contratación de seguros de responsabilidad civil para los pasajeros en caso de accidentes.
Por último, el proyecto define un sistema de sanciones para empresas y conductores, las que pueden fluctuar entre 10 a 100 UTM ($477 mil a $4,7 millones) por incumplimientos a la normativa que hoy inicia su tramitación.
La iniciativa legislativa, presentada por el Gobierno el pasado 20 de julio y que se encuentra en primer trámite constitucional, establece regulaciones centradas en mejorar la calidad del servicio y la seguridad en los traslados que se realizan a través de aplicaciones móviles en todo el país.
“El proyecto ingresó con urgencia simple y nosotros respaldamos eso para dar espacio a los gremios para hacer la presentación de sus argumentos. Hemos cambiado a urgencia suma, resguardando la posibilidad de que los gremios sean invitados, porque nos parece muy importante que esta discusión tenga lugar en el Congreso”, señaló la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, recalcando la apertura al diálogo que se debe priorizar entre gremios, empresas y el Gobierno.
Además de establecer como exigencia la licencia profesional para conductores, el proyecto crea las Empresas de Aplicaciones de Transportes (EAT) y las obliga a constituirse como compañías de transporte remunerado de pasajeros en Chile.
Esto implica que deberán iniciar actividades en el país y además, hacerse cargo del servicio de transporte que entregan, por ejemplo en caso de accidentes o calidad del servicio. Con ello, las compañías no podrán excusarse que sólo proveen los servicios tecnológicos, tal como ocurre hoy día.
El proyecto de ley también establece que los conductores que registren antecedentes penales por delitos sexuales, tráfico de drogas o manejo en estado de ebriedad, con resultado de lesiones o muerte, no podrán trasladar pasajeros a través de estas plataformas.
Asimismo, la iniciativa le exige a las plataformas informar a los usuarios sobre tarifas del viaje con anterioridad y la contratación de seguros de responsabilidad civil para los pasajeros en caso de accidentes.
Por último, el proyecto define un sistema de sanciones para empresas y conductores, las que pueden fluctuar entre 10 a 100 UTM ($477 mil a $4,7 millones) por incumplimientos a la normativa que hoy inicia su tramitación.
