La acción judicial fue firmada por las subsecretarias de Prevención del Delito, Katherine Martorell, y de Salud Pública, Paula Daza, siendo ingresada ante la Fiscalía Metropolitana Oriente. El recurso apunta a la exigencia que Alejandro Gil hizo el pasado 3 de julio en el vacunatorio de la clínica que preside. Pidió que le suministrarán una tercera dosis de Pfizer, “contraviniendo los protocolos establecidos por la autoridad sanitaria”.