El Ministerio de Justicia de Bolivia se sumó a la investigación contra el expresidente Evo Morales por haber tenido un hijo con una adolescente de 15 años en 2015. El gobierno lo acusa de violación de menor.

El titular de la cartera, César Siles, informó que como parte denunciante pedirá al Tribunal Constitucional la revocatoria de la decisión judicial que anuló la orden de detención de Morales y solicitará a la Fiscalía que investigue a jueces que habrían favorecido al expresidente, según informó la agencia de boliviana de información (ABI).

“Hemos observado con indignación delitos graves que pretenden quedar en impunidad: me refiero concretamente a una niña, a una niña violada a sus 15, a sus 16 años”, dijo el ministro en una conferencia de prensa. Añadió que “producto de esa violación engendró otra niña y el padre reconocido en un certificado de nacimiento, el señor Evo Morales Ayma”.

En tanto, el presidente de Bolivia, Luis Arce, anunció que solicitará que la investigación sobre trata y tráfico de personas contra Morales sea secreta para proteger a la víctima y evitar su politización. Así, ha asegurado que es un “tema sumamente delicado” porque “está de por medio una menor”.

Por su parte, Morales aseguró que “todos los gobiernos neoliberales, incluido el actual”, le han amenazado, perseguido, encarcelado e incluso intentado matarle. “No tengo miedo. No me callarán. Seguiré luchando junto a nuestro pueblo, junto a mis hermanas y hermanos que nunca me abandonaron”, indicó a través de su perfil en la red social X.

“Podrán silenciar mi voz, podrán matarme pero jamás lograrán silenciar la voz del pueblo que hoy siente hambre y desesperación, porque la traición sólo destruyó la estabilidad económica, social y política que tuvo Bolivia”, manifestó el exmandatario boliviano.

Los socios de Morales denunciaron que existe una persecución política contra él en medio de la lucha interna en el Movimiento al Socialismo (MAS) entre sus partidarios y los de Arce, y las denuncias del Gobierno de que el expresidente está orquestando un golpe de Estado.

El caso ha causado polémica después de que una exfiscal acusara al fiscal general, Juan Lanchipa, de estar protegiendo a Morales en el marco de este caso y denunciara que había sido destituida del cargo por ordenar su detención por este caso.

Sin embargo, Lanchipa indicó que tomó la medida por “conducta negligente y por inconsistencias procesales en el cumplimiento de sus funciones” y “no por la emisión del referido mandamiento de aprehensión”.