Al mismo tiempo que el Ministerio Público realiza las diligencias sobre este caso, indaga los casos de 49 pacientes con diversas patologías a los cuales tampoco se les brindó la atención que debía garantizarles el Estado.

“El Gobierno de Chile ha tomado la decisión de querellarse en contra de quienes resulten responsables de estos hechos”, anunció este miércoles la vocera del Ejecutivo, Paula Narváez, respecto de la muerte de 16 pacientes que estaban en listas de espera en el Hospital Regional de Rancagua. La situación que indaga el fiscal regional de la Sexta Región, Emiliano Arias, cuyo equipo ya procedió a la incautación de fichas médicas del recinto asistencial, correspondientes a beneficiarios de las Garantías Explícitas en Salud (GES) y No GES, cuyos casos fueron exceptuados, esto es que no tienen registro en el sistema de otorgamiento de la prestación garantizada durante el año 2015. “Este es un tema que está siendo objeto de investigaciones administrativas por parte del servicio de salud respectivo, y también de penales por parte del Ministerio Público, en las cuales los organismos públicos están colaborando como corresponde con la Justicia”, indicó la secretaria de Estado, al subrayar lo grave de la situación. Entre los documentos incautados también se requisaron liquidaciones de sueldo, correos electrónicos, dispositivos informáticos y discos duros. “Cualquier situación que afecte a la salud de las personas o que ponga en riesgo su adecuada atención médica, en cualquier contexto, nos parece absolutamente condenable y de la mayor gravedad”, sostuvo la portavoz de La Moneda, añadiendo que “esperamos que estos hechos sean esclarecidos y que se establezcan las responsabilidades y las sanciones que correspondan de acuerdo a nuestra normativa legal vigente”. Consultada por el tipo de querella que presentarán, la vocera de Gobierno indicó que el equipo jurídico del Ministerio del Interior está haciendo ese análisis y que esperarán las tipificaciones que haga el Ministerio Público.

MÁS PACIENTES

Según publica La Tercera, la investigación incluye otros 49 pacientes con patologías graves, como cáncer, que esperaban atención, pero cuyos casos se cerraron administrativamente, lo que significa que no se concretaron en atenciones de salud en la práctica, según indicó una auditoría que realizó el Servicio de Salud de O’Higgins, cuyos resultados se conocieron en enero pasado. La auditoría arrojó diversas irregularidades, como pacientes con garantías GES que fueron exceptuadas del sistema por causales que no están consideradas en la ley, como por solicitud de exámenes, confirmación de biopsias o falta de estudios. La publicación destaca que se busca esclarecer si hubo presuntos ilícitos como fraude al Fisco y cuasi delito de homicidio en el caso de los funcionarios que debieron contactar a los pacientes por patologías GES y que fallecieron esperando atención. Desde el Servicio de Salud de O’Higgins, del cual depende el hospital, junto con confirmar las incautaciones, indicaron que no se referirían al tema por ser un proceso en investigación que lleva la fiscalía.