El Gobierno aseguró que el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, debe mantener el secreto de los datos requeridos a la Superintendencia de Pensiones sobre las personas que retiraron el 10% de las AFP. De lo contrario, no solo sería una grave falta administrativa, sino que un delito.

El vocero de La Moneda, Jaime Bellolio, explicó que “el Ministerio de Hacienda ha hecho uso de la Ley 20.403, en su artículo 30, donde permite que la Dirección de Presupuesto, la Subsecretaría de Hacienda, la Subsecretaría de Servicios Sociales, la Subsecretaría de Evaluación Social y la de Previsión Social puedan requerir datos que están en el sistema previsional”.

“Pero también dice que los organismos públicos, en este caso el Ministerio de Hacienda y su personal, deberán guardar absoluta reserva y secreto de la información. Y por tanto si eso se incumple, no solo es una gravísima falta administrativa, sino que también puede ser perseguida penalmente”, advirtió.

“Esto es algo que se hace de manera habitual por parte de la Dipres (Dirección de Presupuesto) y de las distintas subsecretarías para hacer buena política pública, por ejemplo para calcular cuántas personas van a poder acceder al IFE y cuánto costaría aquello, cuántas podrían acceder al bono de clase media, cuántas personas si es que se aprueba este nuevo retiro van a quedar con cero fondo y uno tiene que calcular cuánto significaría eso en el futuro para una pensión básica solidaria”, explicó Bellolio.

“Es una habitualidad que ocupan absolutamente todos los gobiernos, pero tienen el deber y la obligación de la reserva y de mantener en la más estricta confidencialidad dichos datos y si eso se vulnerara, por supuesto que no solo sería una grave falta administrativa, sino que también podría ser perseguido penalmente”, concluyó.