La denuncia tiene que ver con pagos indebidos a una serie de uniformados que perdieron sus aportes en el Fondo de Ayuda Mutua (FAM), un sistema solidario informal que operaba solo en Coyhaique y que fue cerrado en 2006.

Dos generales en retiro del Ejército presentaron una querella por el delito de fraude al fisco, acción mediante la cual requirieron indagar a tres ex comandantes en jefe, por autorizar -a forma de compensación- una práctica de pagos indebidos a una serie de uniformados que perdieron sus aportes en el Fondo de Ayuda Mutua (FAM), un sistema solidario informal que operaba solo en Coyhaique y que fue cerrado en 2006. De acuerdo a lo informado por radio Biobío, el libelo fue interpuesto por los generales (r) Rodrigo Díaz Amechazurra y Fernando San Cristóbal Schott, ante el Séptimo Juzgado de Garantía. En el escrito solicitan que se interrogue a los ex jefes institucionales, Óscar Izurieta, Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo, con el objetivo de que entreguen antecedentes respeto a por qué existió una práctica de contratar a honorarios a personal en retiro que no trabajaba, como también otorgar comisiones de servicio irregulares, que hasta ahora supera los 180 millones de pesos, de acuerdo a una investigación de la Contraloría. No obstante, de acuerdo a la Unidad de Investigación de radio Biobío, la querella tiene un trasfondo y éste tiene relación con que Díaz y San Cristóbal están querellados por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en la capital de la región de Aysén -junto a otros 24 ex uniformados- como autores de fraude al fisco. Lo anterior, en virtud que en su calidad de jefes de la zona (entre 2014 y 2015, el primero, y 2016 a 2017, el segundo), giraron platas del presupuesto institucional, precisamente para resarcir a los afectados del FAM. Ello sin contar que tienen la calidad de imputados en la investigación que sustancia el Ministerio Público de esa ciudad. Al respecto, ambos ex oficiales aseguran que solo cumplieron órdenes emanadas desde Santiago y que se está omitiendo “deliberadamente, perseguir e investigar y eventualmente sancionar a todos quienes desde hace al menos diez años, fueron los reales ideólogos, creadores e implementadores de esta verdadera política institucional”. De allí que la querella interpuesta por ambos en Santiago, no solo busca ampliar el grado de responsabilidad que tuvieron los ex comandantes en jefe, sino que la investigación sea enviada a la Fiscalía Centro Norte. Uno de los párrafos del libelo es elocuente, señalando que “(…) resulta obvio que los hechos criminales denunciados, fraude al fisco, se inician y comienzan a ejecutar cuando un Oficial del Ejército en Santiago, enteramente a sabiendas de que su decisión carece de todo fundamento legal y administrativo (…) ordena que determinadas personas sean contratadas para tareas y comisiones de servicio que no se ejecutarían, con el solo fin de otorgarles beneficios (…) con dineros fiscales de supuestas deudas que no son fiscales, en otras palabras, enriquecerlos injustificadamente con dinero fiscal”. Y, posteriormente, añade: “Es absolutamente evidente que el Ejército de Chile (…) pretende limitar (…) todo el conjunto de este tipo de hechos (…) con la finalidad de que sean solo los oficiales que estuvimos el mando de la IV División, los que carguemos con las culpas de estas antiguas decisiones (…) que idearon y ejecutaron en el marco de un plan definido e implementado por (…) altos mandos en Santiago, como una política institucional”.