El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, se refirió este viernes a los ocho imputados por las amenazas que recibió la fiscal Ximena Chong por su rol en la formalización contra el excarabinero Sebastián Zamora, quien está en prisión preventiva acusado de empujar a un joven desde el puente Pío Nono al lecho del Río Mapocho el pasado 2 de octubre, en medio de manifestaciones.

En conversación con Radio Cooperativa, Galli manifestó que los mensajes contra la persecutora, incluida una carta con amenaza de muerte que fue dejada en su casa, son hechos “preocupantes por supuesto. Es algo que nosotros hemos sostenido permanentemente. Desde el año pasado hemos visto que distintas autoridades se han vistas expuestas a amenazas ya sea a través de redes sociales o algo bastante más concreto como fue lo que afectó a la fiscal Ximena Chong”.

“Es inaceptable por una simple razón. La democracia y el Estado de derecho se basa en que aquellas personas que tienen que tomar decisiones, a veces muy difíciles, lo tienen que hacer para que una democracia funcione y para que el Estado de derecho rija plenamente. Lo tienen que hacer libre de amenazas”, añadió.

Durante los allanamientos a distintos domicilios fueron detenidos seis hombres y dos mujeres, instancias en las que personal de la PDI logró incautar, entre otras cosas, una subametralladora calibre 9 mm, con un cargador con 17 cartuchos de 9 mm, chalecos tácticos y cascos.

Sin embargo, el subsecretario detalló que “el armamento era principalmente de fogueo. Lo que sí es preocupante es una subametralladora 9 milímetros, que es un armamento prohibido en nuestro país, por lo tanto, van a tener que responder por ley de control de armas esas personas”.

“Los utensilios que tenían no eran de gran importante, salvo esta ametralladora UZI que es un arma prohibida. Lo relevante aquí es que la investigación se lleve adelante, lo importante es que se determine cuál era la responsabilidad de estas personas y además con qué habían amenazado y cuál eran las acciones que estaban en condiciones de tomar”, complementó, descartando, además, que se trate de una organización mayor de ultraderecha.

Las ocho personas fueron formalizadas este viernes en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago por eventuales delitos de amenazas, tenencia de armamento prohibido de uso bélico y por el ilícito de tenencia de municiones. Pese a ello, la audiencia tuvo un receso, por lo que se espera que hoy dicten las medidas cautelares y el tiempo de investigación.