Los funcionarios de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) pagaron alrededor de 50.000 dólares por la Defensa y otros gastos en favor de sus siete compañeros detenidos en Chile desde marzo junto con dos militares, cuya vuelta al país fue anunciada esta semana, confirmó este viernes una fuente de la institución.
La directora de la ANB, Marlene Ardaya, dijo a varios medios de comunicación que la Aduana inició una nueva colecta para cubrir la multa dictada por la jueza chilena Isabel Peña, de $ 32 millones.
Un portavoz de la ANB precisó que la colecta está solicitando 300 bolivianos (43 dólares) a los directivos que cobran más de 10.000 (alrededor de 1.450 dólares) y 170 bolivianos (24 dólares) al resto de funcionarios, pero refiriéndose a ese tema Ardaya insistió en todo momento en que las aportaciones son voluntarias.
La institución cuenta con alrededor de 1.800 funcionarios, de modo que si todos aportan la cifra estipulada el aporte se acercaría mucho a los 48.000 dólares.
Fuentes de la Aduana confirmaron que esta colecta es la segunda, después de que ya se pagó por este medio a los abogados chilenos que participaron en la defensa y otros gastos destinados al bienestar de los nueve detenidos en la prisión de Alto Hospicio y a costear dos visitas de sus familiares.
El miércoles, Isabel Peña condenó a siete funcionarios de la ANB por los delitos de robo con violencia y contrabando y a dos militares bolivianos por porte ilegal de armas, en lo que las autoridades bolivianas sostienen que fue una operación contra el contrabando en territorio boliviano el 19 de marzo.
La Justicia chilena impuso la multa y decretó la expulsión del país como sanción sustitutiva a las penas de cárcel previstas para esos delitos.
En un comunicado, la planta ejecutiva de la institución “agradece la solidaridad de los servidores públicos de la Aduana Nacional por su aporte voluntario destinado a cubrir costos de bufetes de abogados de Santiago e Iquique”.
Ardaya se reunió en la Cancillería con autoridades de ese ministerio, el de Justicia y la Procuraduría General del Estado, de modo que el Gobierno se pronunciará próximamente sobre si pagará o no algunos de esos gastos que fueron adelantados mediante aportes de los funcionarios.
La directora de la ANB, Marlene Ardaya, dijo a varios medios de comunicación que la Aduana inició una nueva colecta para cubrir la multa dictada por la jueza chilena Isabel Peña, de $ 32 millones.
Un portavoz de la ANB precisó que la colecta está solicitando 300 bolivianos (43 dólares) a los directivos que cobran más de 10.000 (alrededor de 1.450 dólares) y 170 bolivianos (24 dólares) al resto de funcionarios, pero refiriéndose a ese tema Ardaya insistió en todo momento en que las aportaciones son voluntarias.
La institución cuenta con alrededor de 1.800 funcionarios, de modo que si todos aportan la cifra estipulada el aporte se acercaría mucho a los 48.000 dólares.
Fuentes de la Aduana confirmaron que esta colecta es la segunda, después de que ya se pagó por este medio a los abogados chilenos que participaron en la defensa y otros gastos destinados al bienestar de los nueve detenidos en la prisión de Alto Hospicio y a costear dos visitas de sus familiares.
El miércoles, Isabel Peña condenó a siete funcionarios de la ANB por los delitos de robo con violencia y contrabando y a dos militares bolivianos por porte ilegal de armas, en lo que las autoridades bolivianas sostienen que fue una operación contra el contrabando en territorio boliviano el 19 de marzo.
La Justicia chilena impuso la multa y decretó la expulsión del país como sanción sustitutiva a las penas de cárcel previstas para esos delitos.
En un comunicado, la planta ejecutiva de la institución “agradece la solidaridad de los servidores públicos de la Aduana Nacional por su aporte voluntario destinado a cubrir costos de bufetes de abogados de Santiago e Iquique”.
Ardaya se reunió en la Cancillería con autoridades de ese ministerio, el de Justicia y la Procuraduría General del Estado, de modo que el Gobierno se pronunciará próximamente sobre si pagará o no algunos de esos gastos que fueron adelantados mediante aportes de los funcionarios.
