. Emilio Oñate Vera, decano Facultad de Derecho y Humanidades, U.Central.
En el marco de las reformas institucionales que ha anunciado el Gobierno, distintos sectores han propuesto la eliminación del fuero parlamentario. Esta figura prevista en el artículo 61 de nuestra Constitución y cuya tramitación judicial está regulada en el Código Procesal Penal, supone que solo se puede acusar penalmente a un parlamentario o privarlo de libertad, previa declaración de la Corte de Apelaciones respectiva, salvo que se trate de un delito flagrante. Dicho de otro modo, en la actualidad no es posible formalizar a un parlamentario por la comisión de un delito, sin que previamente sea desaforado.
En el Chile de hoy ¿se justifica una institución como esta? Evidentemente no, dicho fuero no es más que un privilegio que podría haber tenido alguna razonabilidad en el antiguo proceso penal, secreto e inquisitivo. En la actualidad, atenta contra la igualdad ante la ley. De seguro, alguien podrá argumentar que un parlamentario no está en la misma posición jurídica que otro sujeto y es precisamente esa concepción la que hay que cambiar, en especial porque desde el punto de vista jurídico el actual sistema procesal penal es reconocidamente garantista, por consiguiente menor justificación tiene la existencia de este privilegio parlamentario, ya que también los diputados y senadores son inocentes hasta que se demuestre lo contrario.
Cosa distinta ocurre con la denominada inviolabilidad parlamentaria, que faculta a los parlamentarios para emitir opiniones y debatir con libertad en el ejercicio de su función político – legislativa al interior del hemiciclo, criticando al gobierno o a distintos grupos de interés. Evidentemente, en este caso más que de un privilegio, estamos en presencia de un elemento consustancial a la función parlamentaria, el que se debe mantener.
Sabido es que entre las instituciones que mayor desconfianza generan en la ciudadanía está precisamente el Congreso Nacional y los parlamentarios. Avanzar en la eliminación del fuero parlamentario podría contribuir a que la función legislativa tan trascendente para el devenir de un país y que gozó de tanto prestigio en nuestra historia republicana, vuelva a tener sentido para el ciudadano común.
. Emilio Oñate Vera, decano Facultad de Derecho y Humanidades, U.Central.
En el marco de las reformas institucionales que ha anunciado el Gobierno, distintos sectores han propuesto la eliminación del fuero parlamentario. Esta figura prevista en el artículo 61 de nuestra Constitución y cuya tramitación judicial está regulada en el Código Procesal Penal, supone que solo se puede acusar penalmente a un parlamentario o privarlo de libertad, previa declaración de la Corte de Apelaciones respectiva, salvo que se trate de un delito flagrante. Dicho de otro modo, en la actualidad no es posible formalizar a un parlamentario por la comisión de un delito, sin que previamente sea desaforado.
En el Chile de hoy ¿se justifica una institución como esta? Evidentemente no, dicho fuero no es más que un privilegio que podría haber tenido alguna razonabilidad en el antiguo proceso penal, secreto e inquisitivo. En la actualidad, atenta contra la igualdad ante la ley. De seguro, alguien podrá argumentar que un parlamentario no está en la misma posición jurídica que otro sujeto y es precisamente esa concepción la que hay que cambiar, en especial porque desde el punto de vista jurídico el actual sistema procesal penal es reconocidamente garantista, por consiguiente menor justificación tiene la existencia de este privilegio parlamentario, ya que también los diputados y senadores son inocentes hasta que se demuestre lo contrario.
Cosa distinta ocurre con la denominada inviolabilidad parlamentaria, que faculta a los parlamentarios para emitir opiniones y debatir con libertad en el ejercicio de su función político – legislativa al interior del hemiciclo, criticando al gobierno o a distintos grupos de interés. Evidentemente, en este caso más que de un privilegio, estamos en presencia de un elemento consustancial a la función parlamentaria, el que se debe mantener.
Sabido es que entre las instituciones que mayor desconfianza generan en la ciudadanía está precisamente el Congreso Nacional y los parlamentarios. Avanzar en la eliminación del fuero parlamentario podría contribuir a que la función legislativa tan trascendente para el devenir de un país y que gozó de tanto prestigio en nuestra historia republicana, vuelva a tener sentido para el ciudadano común.
. Emilio Oñate Vera, decano Facultad de Derecho y Humanidades, U.Central.
