La gobernanza de la tierra en América Latina se ha visto afectada por recientes cambios políticos, algunos favorables y otros adversos, lo que tiene impacto sobre los derechos de la población indígena, campesina y afrodescendiente. A ellos se suman los efectos del cambio climático y las medidas que se instrumentan para hacerle frente.

Como parte del Foro de la Tierra Latinoamérica y el Caribe (LAC 2024), que se desarrolla esta semana en la región en forma virtual, la coordinadora regional de International Land Coalition (ILC), Zulema Burneo, subrayó la relevancia de la tenencia segura de la tierra en un contexto de “grandes desafíos globales”, como la crisis climática y la necesidad de garantizar el suministro sostenible de alimentos.

La reunión, previa al Foro Global de la Tierra de Colombia 2025, cuenta con la participación de Michael Taylor, director de la Secretaría Global de ILD, coalición que tiene 290 miembros, de los cuales 106 son organizaciones de pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos, pastores, jóvenes o mujeres que representan directamente a más de 185 millones de personas de todo el mundo.

“La ILC es una red solidaria que trabaja en apoyo a la lucha por la tierra de organizaciones populares y pueblos, un pilar fundamental de la Estrategia 2030. Centra esfuerzos en brindar apoyo especial a estas organizaciones y reconoce su papel de representación en la toma de decisiones. Todos los miembros de la coalición apoyan genuinamente este liderazgo”, detalló Taylor.

 “Vivimos en una civilización de muerte y destrucción de la Madre Tierra para el beneficio de unos pocos. Por eso, es importante tomar conciencia de que nuestras vidas dependen de las otras que habitan en la naturaleza. Es importante proteger la vida y defenderla pensando en las futuras generaciones”, destacó por su parte Melania Canales, representante de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú.

En tanto, la vicepresidenta adjunta del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, Jo Puri, remarcó la necesidad de asegurar los derechos a la tierra de los pueblos indígenas y comunidades para reducir la deforestación, de modo de hacer frente a la crisis climática mientras se impulsa una gestión de recursos más sostenible.

 “Se reconoce a los pequeños agricultores como parte fundamental del sistema de producción de alimentos, (pues) son la columna vertebral de los medios de subsistencia para los hogares. El 90% de (…) de las granjas en el mundo dependen hoy de la agricultura familiar. Debemos pensar en la importancia de los derechos de la tierra y la agricultura para abordar la crisis climática”, aseveró Puri.

“El derecho a la tierra, junto con el derecho al territorio, son las principales reivindicaciones actuales de los sujetos populares del campo, mientras se incrementan las disputas por recursos”, indicó por su lado Javier Lautaro Medina, de la Estrategia Colaborativa por la Garantía de los Derechos a la Tierra en Colombia.

TRES PAÍSES EN CONTEXTOS DE TRANSFORMACIÓN

En Brasil, Guatemala y Colombia hay ahora gobiernos con sello progresista, pero los tres países arrastran problemas por las políticas agrarias de administraciones anteriores.

Durante la primera sesión del foro, titulado “Reformas y transformaciones agrarias en América Latina: avances en la democratización del acceso, uso y control de la tierra”, el director de Gestión Estratégica del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria de Brasil (Incra), Gustavo Noronha, advirtió sobre una catástrofe ambiental por el cambio climático en su país y por las políticas agrarias de los anteriores gobiernos, que han reducido el presupuesto y dificultado la consolidación de la reforma agraria.

“Si comparamos frente a valores de 2010, hay una gran diferencia. Inca solo tiene el 10% del presupuesto. Tenemos que cambiar la ley para reconstruir la institución y reducir la burocracia para tener una mejor rectoría. A ello se suman problemas con el Congreso, el cual habla por ejemplo de cadena perpetua para defensores de la tierra”, sostuvo Noronha.

Alair Santos Silva, secretario de Reforma Agraria de la Confederación Nacional de Trabajadores Rurales y Agricultores Familiares de Brasil, explicó que otro gran desafío son los acaparadores de tierra en la región amazónica, “que ocupan (ilegalmente) grandes extensiones de tierra y luego piden que ésta se les regularice”.

Dijo también que “el gobierno debe contar con condiciones para enfrentar estas situaciones, mientras que el Congreso defiende la expansión de los agronegocios” que afectan a las comunidades.

Ana Glenda Tager, secretaria privada de la Presidencia del Guatemala, señaló que la firma del acuerdo entre el gobierno y organizaciones campesinas permitirá reducir la conflictividad y la  criminalización de la lucha por la tierra en su país. No obstante, sostuvo que continúan los desalojos -vinculados en gran medida al accionar de la cuestionada fiscalía guatemalteca, que ha entrabado el proceso político y la gestión del nuevo presidente Bernardo Arévalo-, lo que promueve la ingobernabilidad.

“En materia de desarrollo rural, se ha hecho una propuesta sobre cómo implementar la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral, y la idea es poder territorializarla y trabajar desde ahí un desarrollo desde los mismos territorios y las prioridades que estos definan”, recalcó Tager.

A su turno, Omar Jerónimo, coordinador de la Central Campesina Ch’orti’ Nuevo Día de Guatemala, dijo que el desplazamiento de jóvenes sin acceso a la tierra hacia Estados Unidos se ha vuelto un “negocio para el sector financiero”, dado que genera ingresos por remesas que llegan al 12% del PBI guatemalteco, casi superando las exportaciones.

El caso colombiano también ha mostrado avances, pero el camino por recorrer aún es largo. Yolis Correa, directiva de la Asociación de Zonas de Reserva Campesina, reconoció que pese a los esfuerzos del gobierno nacional todavía subsisten grandes retos para el acceso a la tierra y el reconocimiento efectivo de las territorialidades campesinas.

“Pasamos una pandemia que demostró que es el campesinado el que sostiene la base de la economía. Tenemos una agenda con acciones y propuestas, pero también población diversa que le cuesta quedarse en el campo. Se piensa que el campesinado está envejeciendo, pero no es así, no es que se quieran ir, sino que no hay oportunidades”, indicó Correa.