El fiscal jefe de La Araucanía, Roberto Garrido, formalizó a los hermanos Jefferson y Felipe Antihuen Santi, además de Nicolás Rivas Paillao, por el homicidio de los funcionarios de Carabineros Sergio Arévalo (34), Misael Vidal (30) y Carlos Cisterna (43), hecho ocurrido el 27 de abril de este año.

A los tres la Fiscalía les imputó el delito de homicidio calificado contra Carabineros en servicio, en carácter reiterado, cometidos “con premeditación, alevosía e ignominia”, además del delito de robo con violencia, debido a que los detenidos sustrajeron armas, equipos de comunicación, la camioneta en la que se desplazaban los policías y elementos de protección que portaban, como los chalecos antibala.

Además, a los hermanos Jefferson y Felipe Antihuen Santi se les imputa los delitos de incendio del vehículo policial institucional, delito de porte ilegal de armas de fuego, y el traslado de restos humanos con infracción a los reglamentos de sanidad, todos en calidad de consumados.

Durante la formalización, la Fiscalía entregó antecedentes revelados por las pericias tanatológicas que dan cuenta de que los tres funcionarios fueron ejecutados, a corta distancia, con diversos disparos en la cabeza y otras partes del cuerpo.

Asimismo, para la Fiscalía existe la convicción de que el ataque a los carabineros fue cuidadosamente planeado, para lo cual los imputados visitaron y estudiaron el lugar previamente.

Según el fiscal Garrido, los imputados prepararon el sitio para entorpecer el desplazamiento de los funcionarios, disminuir su nivel de protección antes del ataque, obligándolos a descender del vehículo y generar las condiciones para que los atacantes pudieran esperarlos sin ser descubiertos.

Garrido relató que los sujetos “permanecían ocultos en la vegetación rodeando la camioneta provistos de armas de fuego emboscaron a los carabineros. Los redujeron y les sustrajeron mediante violencia e intimidación, sus cámaras GoPro, las radios de comunicación, al menos un teléfono celular, además de implementos de seguridad y las armas institucionales que ya han sido indicadas anteriormente”.

“Una vez sustraídas las especies y mientras las víctimas se encontraban fuera del móvil institucional, reducidos y sin posibilidad de defensa o de oponer resistencia, les dispararon con armas de fuego, dándole muerte en el mismo lugar”, agregó.

Tras presentar los antecedentes, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva para los tres imputados argumentando que su libertad significa un peligro para la sociedad.