“Proponemos una reforma estructural que modifique la manera en que actúan los laboratorios, los médicos y las farmacias, cambiando la dinámica de la industria e introduciéndole más competencia”, precisó el fiscal nacional económico, Ricardo Riesco, al dar a conocer este miércoles el informe preliminar del estudio que permitió elaborar propuestas para rebajar el precio de los remedios.

El análisis que inició en abril de 2018 la Fiscalía Nacional Económica (FNE), consistió en una revisión completa a la industria, abordando desde la producción a la venta de medicamentos, incluyendo a todos los actores relevantes y reguladores, por medio de cifras y encuestas.

“Los medicamentos son un bien de primera necesidad y es urgente adoptar medidas que permitan a la población acceder a ellos a un menor precio. Eso se logra mediante una regulación que promueva más competencia en este mercado”, señaló la autoridad.

Para ello, subrayó, plantea un paquete de catorce medidas, que responden a cuatro objetivos fundamentales: que se introduzcan más medicamentos bioequivalentes en el mercado, que se obligue a los médicos a recetar medicamentos sin marca, que se obligue a las farmacias a dispensar los medicamentos más baratos, y que el Estado compre medicamentos de manera más transparente, eficiente y efectiva.

“El mercado de los medicamentos opera en Chile de la misma forma que cualquier otro mercado de consumo masivo en que se compite por marcas, como los automóviles, el vestuario o los celulares, por ejemplo, y esto se debe a que la política de bioequivalencia no ha sido efectiva”.

EL 80% DE MEDICAMENTOS SIN EQUIVALENTES

Riesco subrayó que el estudio de la FNE detectó que 80% de los medicamentos inscritos en Chile aún no tienen alternativas bioequivalentes y que los laboratorios realizan inversiones superiores a US$ 200 millones al año para promover sus marcas entre los médicos, quienes recetan tales productos a sus pacientes en vez de otras alternativas técnicamente equivalentes y más baratas.

A ello se suma que los pacientes acatan la prescripción médica sin cuestionar ni preguntar si existe una alternativa a ella, círculo vicioso que se alimenta con que las farmacias, les venden fármacos de marca recetados, que éstas a su vez adquieren a los laboratorios a precios en promedio un 70% más costosos que el sector público.

Por ello, el organismo recomienda profundizar la política de bioequivalencia, crear un sistema único nacional en el cual los médicos deban obligatoriamente prescribir medicamentos según su denominación común internacional, y no por marca, lo mismo para las farmacias para que dispensen el medicamento más barato, estableciéndoseles además un cobro fijo por dispensar los medicamentos. Ello debería ir asociado a un reforzamiento sustancial del Instituto de Salud Pública (ISP) y/o de la Agencia Nacional de Medicamentos (Anamed).

SEGURO FARMACOLÓGICO

Asimismo, la Fiscalía Nacional Económica propone para una segunda etapa, la creación de un seguro farmacológico público o privado que permita cubrir gastos en medicamentos.

Incluso, recomienda permitir la venta de medicamentos OTC (over the counter o de venta sin receta) en establecimientos distintos a las farmacias y a través de otros canales, como el online.

Específicamente en cuanto al sector público, el principal problema detectado por la Fiscalía se relaciona con deficiencias regulatorias en la forma en que se confeccionan las listas de compras de medicamentos de este segmento (hospitales, consultorios y municipalidades, entre otros), lo que podría estar provocando formas de compra menos transparentes, eficientes y efectivas.

Con la implementación de estas medidas, la FNE estima, en forma conservadora, que se puede lograr un ahorro de entre 20% y 40% en promedio en el precio de los medicamentos que se vendan en farmacias y que tengan alternativas bioequivalentes.

Esto significaría un impacto total anual de entre US$76 millones y US$380 millones en el mercado de medicamentos comercializados en farmacias, que mueve al año aproximadamente US$ 1.500 millones.

Al término de ese proceso, la FNE publicará el informe final y enviará sus recomendaciones definitivas al Poder Ejecutivo para que se evalúe su implementación.

RECOMENDACIONES

A.- Sobre la comercialización de medicamentos: Modificar procedimientos de registro y certificación de bioequivalencia ante el ISP; establecer registro más expedito para medicamentos que se vendan en otros países y homologación; un premio al primer genérico en entrar al mercado.

Se suman, establecer obligación para laboratorios de informar a ISP de patentes vigentes; una política de producción y difusión continua de información; aplicar efectivamente normativa de protección de datos; fortalecer la Agencia Nacional de Medicamentos (Anamed), que pertenece al ISP; regular la dispensación y forma de cobro de las farmacias.

También, propone crear una plataforma única nacional para que los médicos prescriban por denominación común internacional; implementar medidas para aumentar el número de medicamentos bioequivalentes y crear un seguro con cobertura farmacológica.

B.- Sobre el mercado de distribución: Permitir la venta de medicamentos de venta directa (OTC) en establecimientos distintos de las farmacias. Permitir la venta vía canal online.

C.- Sobre el mercado público: Regular el funcionamiento de comités de farmacias y otros órganos del sector público.

CONSULTA PÚBLICA

El estudio que contó con la asesoría de los expertos Claudio Lucarelli, de la Universidad de Pennsylvania, quien además realizó un informe; y Claudio Agostini, de la Universidad Adolfo Ibáñez, será sometido a consulta pública hasta el viernes 20 de diciembre.

Los interesados pueden enviar sus comentarios a la casilla estudiosdemercado@fne.gob.cl.