La Fiscalía Nacional Económica (FNE) pidió a la Corte Suprema prohibir un acuerdo vigente entre las aerolíneas Latam, American Airlines, Iberia y British Airways, por considerar que esta operación posibilitaría la formación de un monopolio en rutas aéreas internacionales.
El acuerdo, denominado Joint Business Agreement (JBA), fue autorizado en octubre del año pasado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), y aún no ha sido implementado.
Al autorizar a las empresas, el tribunal les pidió cumplir ciertas condiciones, como asegurar la capacidad ofrecida en las rutas hacia Norteamérica y Europa.
Sin embargo, la Fiscalía pide a la Corte Suprema prohibir la operación, porque “las partes dejarían de comportarse como agentes económicos independientes en las rutas donde los JBA surten sus efectos con consecuencias equivalentes a las de una operación de concentración, aunque sin las eficiencias y ahorros en costos que podría esperarse de una fusión”.
Según la Fiscalía, las medidas fijadas por el TDLC a las aerolíneas “no resultan efectivas ni adecuadas, son insuficientes para compensar los riesgos que generan las alianzas y son, además, muy difíciles de fiscalizar”.
El tribunal había ordenado a las aerolíneas que no cobraran precios negativos en rutas indirectas, y que ofrecieran un programa común de pasajero frecuente, entre otras medidas.
Pero para el jefe de la división litigios de la FNE, Víctor Santelices, la decisión del TDLC es contradictoria, ya que “los riesgos que derivan de los acuerdos consultados superan sus beneficios”.
Latam, la mayor aerolínea de América Latina, y los demás conglomerados aéreos que formaron el acuerdo cubren la mayoría de los vuelos que unen Chile con Estados Unidos y Europa.
El acuerdo, denominado Joint Business Agreement (JBA), fue autorizado en octubre del año pasado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), y aún no ha sido implementado.
Al autorizar a las empresas, el tribunal les pidió cumplir ciertas condiciones, como asegurar la capacidad ofrecida en las rutas hacia Norteamérica y Europa.
Sin embargo, la Fiscalía pide a la Corte Suprema prohibir la operación, porque “las partes dejarían de comportarse como agentes económicos independientes en las rutas donde los JBA surten sus efectos con consecuencias equivalentes a las de una operación de concentración, aunque sin las eficiencias y ahorros en costos que podría esperarse de una fusión”.
Según la Fiscalía, las medidas fijadas por el TDLC a las aerolíneas “no resultan efectivas ni adecuadas, son insuficientes para compensar los riesgos que generan las alianzas y son, además, muy difíciles de fiscalizar”.
El tribunal había ordenado a las aerolíneas que no cobraran precios negativos en rutas indirectas, y que ofrecieran un programa común de pasajero frecuente, entre otras medidas.
Pero para el jefe de la división litigios de la FNE, Víctor Santelices, la decisión del TDLC es contradictoria, ya que “los riesgos que derivan de los acuerdos consultados superan sus beneficios”.
Latam, la mayor aerolínea de América Latina, y los demás conglomerados aéreos que formaron el acuerdo cubren la mayoría de los vuelos que unen Chile con Estados Unidos y Europa.
