Como informó este domingo El Mercurio, la diligencia la decretó en la indagatoria abierta en abril de 2017, tras la declaración del exjefe de Finanzas de Carabineros, general (r) Flavio Echeverría y otros imputados en el caso del millonario fraude al interior de la institución policial.
Anteriormente, específicamente el año pasado, Cañas había presentado un requerimiento de similar naturaleza, respecto del período 2007 a 2016.
En aquel entonces, el contralor Jorge Bermúdez respondió que la entidad que encabeza “no se encuentra en condiciones de llevar a cabo un examen exhaustivo de los egresos realizados, ni de verificar la finalidad real de los desembolsos hechos con cargo a tales recursos y, en definitiva, de pronunciarse sobre su legalidad”. Porque, precisó, prescinde de “documentación de respaldo” y solo cuenta con declaraciones juradas.
Previamente, en 2016, el mismo Bermúdez había puesto en aviso a la expresidenta Michelle Bachelet, sobre “las susceptibilidades detrás de los gastos reservados y la insuficiencia de sus rendiciones de cuentas para efectos de realizar un adecuado control” del destino de los mismos.
Cabe consignar que, como explica el mismo medio, que Contraloría también le remite el marco legal para el uso de los fondos fiscales contenido en la Ley N° 19.863, que en su artículo 6° establece:
“Los gastos reservados solo podrán emplearse en los fines propios de las actividades respectivas, con lo cual la ley reitera el imperativo que los egresos, en comento, solo pueden utilizarse en el cumplimiento de las funciones inherentes a cada una de las reparticiones que correspondan”.
De este modo, un tema clave para la fiscal Cañas es determinar la ruta y destino final que tuvo el dinero proveniente de gastos reservados que se asignaba a distintas autoridades al interior de la institución policial. El presupuesto anual a repartir era de $400 millones y US$ 90 mil.
El objetivo será aclarar si es que, al menos, desde 2007 y hasta que se inició la causa, estos recursos fueron en ocasiones derivados a fines distintos a aquellos que fija la ley, considerando que hay funcionarios de Carabineros que recibieron fondos de esta naturaleza como parte de sus remuneraciones.