La Fiscalía Nacional informó este martes que ha abierto 2.670 investigaciones penales por violaciones a derechos humanos, las que involucran a igual número de víctimas, y que habrían sido cometidas por agentes del Estado, entre el 18 de octubre, cuando comenzaron las manifestaciones sociales en el país, y el 10 de noviembre pasado.
De acuerdo a la información divulgada por la Unidad Especializada en Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional, 2.141 víctimas son hombres y 525, mujeres. Por edades, 2.242 son adultos y 422 son niños, niñas o adolescentes.
Entre el total de víctimas, 13 se han identificado como mapuches, en tanto que otras 41 personas son extranjeras, de las cuales la mayoría son ciudadanos colombianos y peruanos.
De acuerdo a la información entregada por las víctimas al momento de hacer la denuncia, 90 habrían sufrido desnudamientos; 26 habrían enfrentado hechos constitutivos de violación o abuso sexual; y 8 recibido amenazas de cometer delitos sexuales en su contra.
Las lesiones por armas de fuego suman 720, en tanto que los apremios ilegítimos cometidos por funcionarios públicos ascienden a 1.679. Los abusos contra particulares llegan a 774 y los casos de torturas, a 44.
Las víctimas han detallado que en 1.820 casos sufrieron violaciones a sus DDHH por agentes del Estado en la vía pública, mientras que otros 241 habrían sido cometidos en comisarías, brigadas policiales o recintos militares.
Adicionalmente, 45 personas denunciaron que los hechos habrían ocurrido en domicilios particulares; 44 en carros policiales; y 41 en locales comerciales, entre otros.
Del total de investigaciones, 2.052 corresponde a denuncias contra Carabineros; 183 involucran al Ejército; 50 a la PDI; y 26 a la Armada.
Dada la naturaleza de las denuncias y quienes son sindicados como los presuntos responsables, la Fiscalía ha desplegado a sus equipos de atención a víctimas y testigos en distintos centros de salud para recoger relatos de los afectados. Lo anterior, según la fiscalía, ha permitido abrir de oficio 100 investigaciones, que no estaban presentándose.
Otros 872 casos han sido conocidos por denuncias de las víctimas, tras las audiencias de control de detención; en tanto que otros 1.504 casos fueron denuncias presentadas en fiscalías locales.
De acuerdo a la información divulgada por la Unidad Especializada en Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional, 2.141 víctimas son hombres y 525, mujeres. Por edades, 2.242 son adultos y 422 son niños, niñas o adolescentes.
Entre el total de víctimas, 13 se han identificado como mapuches, en tanto que otras 41 personas son extranjeras, de las cuales la mayoría son ciudadanos colombianos y peruanos.
De acuerdo a la información entregada por las víctimas al momento de hacer la denuncia, 90 habrían sufrido desnudamientos; 26 habrían enfrentado hechos constitutivos de violación o abuso sexual; y 8 recibido amenazas de cometer delitos sexuales en su contra.
Las lesiones por armas de fuego suman 720, en tanto que los apremios ilegítimos cometidos por funcionarios públicos ascienden a 1.679. Los abusos contra particulares llegan a 774 y los casos de torturas, a 44.
Las víctimas han detallado que en 1.820 casos sufrieron violaciones a sus DDHH por agentes del Estado en la vía pública, mientras que otros 241 habrían sido cometidos en comisarías, brigadas policiales o recintos militares.
Adicionalmente, 45 personas denunciaron que los hechos habrían ocurrido en domicilios particulares; 44 en carros policiales; y 41 en locales comerciales, entre otros.
Del total de investigaciones, 2.052 corresponde a denuncias contra Carabineros; 183 involucran al Ejército; 50 a la PDI; y 26 a la Armada.
Dada la naturaleza de las denuncias y quienes son sindicados como los presuntos responsables, la Fiscalía ha desplegado a sus equipos de atención a víctimas y testigos en distintos centros de salud para recoger relatos de los afectados. Lo anterior, según la fiscalía, ha permitido abrir de oficio 100 investigaciones, que no estaban presentándose.
Otros 872 casos han sido conocidos por denuncias de las víctimas, tras las audiencias de control de detención; en tanto que otros 1.504 casos fueron denuncias presentadas en fiscalías locales.
