El Ministerio Público realizó la incautación del teléfono celular del gobernador regional de Ñuble, Óscar Crisóstomo (PS), como parte de las investigaciones relacionadas con los convenios de la extinta fundación ProCultura en diversas regiones del país.

El fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, encargado de esta investigación a nivel nacional, llevó a cabo el allanamiento el miércoles en el edificio del Gobierno Regional de Ñuble, confiscando los teléfonos de Crisóstomo, de la administradora regional, Alicia Salinas, y otro alto funcionario, según informó La Tercera.

Esta acción representa la segunda vez que el fiscal realiza diligencias en dicho órgano. Desde el Gobierno Regional confirmaron que estas acciones incluyeron “la confiscación de tres celulares, además de la solicitud de la lista de teléfonos móviles en posesión del Gobierno Regional”, reiterando su disposición para colaborar con la investigación.

La indagatoria en Ñuble se inició a raíz de una auditoría de la Contraloría General de la República que cuestionó el proyecto “Transferencia fortalecimiento de la integración con Argentina, Encuentro Binacional Ñuble”, por un monto de 268.100.000 pesos, asignado directamente a ProCultura sin la debida fundamentación. La ONG actuó como intermediaria entre el Gobierno Regional y las empresas privadas que ejecutaron los trabajos, con señales de inconsistencias en los pagos.

El fiscal Palma está investigando los convenios de ProCultura, liderados por el siquiatra Alberto Larraín, que cesó sus actividades en noviembre pasado, en regiones como Antofagasta, Valparaíso, Ñuble, Biobío y Magallanes, por un total cercano a los 6 mil millones de pesos.

En esta causa se investigan delitos como fraude al Fisco y tráfico de influencias, considerados como riesgos reales para la democracia y el Estado de derecho, según afirmó Palma en una columna publicada en El Divisadero de Aysén.

El mismo miércoles, la Fiscalía allanó dependencias del Serviu y del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en la Región del Biobío, mientras que el día anterior realizó la tercera incursión en el edificio del Gobierno Regional.

Además, se llevaron a cabo diligencias en La Araucanía, específicamente en la comuna de Pucón, donde se incautaron evidencias que se encontraban en casas particulares y que se consideraron relevantes para la investigación, según aclaró el fiscal de Aysén.