El Ministerio Público acogió una denuncia presentada por una ONG para investigar a la jueza del 12° Juzgado de Garantía de Santiago, Graciel Muñoz Tapia, hija del ministro de la Corte Suprema Sergio Muñoz, a quien se le acusa de haber incurrido en el delito de falsificación de instrumento público.

De acuerdo a lo informado por La Tercera, la denuncia fue presentada por la ONG Quiero Vivir sin Delincuencia y Sin Corrupción y dice relación con la realización de teletrabajo desde el extranjero sin autorización.

La organización, encabezada por Esteban Infante, afirma que en lo ocurrido con la magistrada se habría cometido el delito de falsificación de instrumento público por lo que solicita al Ministerio Público que realice una serie de diligencias para determinar aquello.

El caso de la magistrada Muñoz comenzó en junio del 2023, cuando un reportaje de Radio Biobío reveló que la hija del ministro de la Tercera Sala del máximo tribunal había teletrabajado desde Europa durante la pandemia, teniendo constantes viajes a Italia e España, mientras ejercía sus labores de magistrada en el tribunal de la zona sur de la capital.

A partir de esa denuncia, la Corte de Apelaciones de San Miguel abrió una investigación administrativa en contra de la jueza, la que concluyó en abril pasado decretando una “amonestación privada” a la abogada.

Dicha indagatoria se fundaba en tres puntos, el primero el haber realizado su trabajo fuera de la jurisdicción, poner en riesgo la salubridad al viajar constantemente al viejo continente y por informar al Poder Judicial, a través de un formulario, su domicilio en Chile como el lugar donde realizaría el trabajo remoto.

Ese último punto fue el único que acogió la investigación administrativa con la que se sancionó a la jueza.

Esto es parte del fundamento de la denuncia de la ONG ante la Fiscalía puesto que sostiene que las resoluciones de la magistrada en aquel tiempo indican como lugar de expedición Santiago de Chile, pese a que esto “era una falsedad ya que la señora Jueza se encontraba en el extranjero, de esta forma importa incurrir en una falsificación de instrumento público”.

A juicio de los denunciantes, encabezados por Infante, lo ocurrido es de especial gravedad para todo el sistema de justicia y la fe pública.

Pese a aquello, agrega la denuncia, a la fecha no se ha adoptado “ninguna medida concreta tendiente a materializar una investigación sería en orden a determinar la eventual comisión de ilícitos”.

Junto con eso, la denuncia penal agrega que el teletrabajo durante la pandemia “en ningún caso significaba hacer uso de vacaciones encubiertas, sino que es una medida de cuidado tendiente a resguardar la salud y seguridad de la población, y en este caso en particular de los funcionarios judiciales” que fue autorizado por la Corte de San Miguel.

Por lo mismo, agrega, también se debe investigar si la solicitud para realizar trabajo remoto “se ajusta a derecho y a la realidad de los hechos”.

La denuncia pide que se oficie al tribunal en el que es titular la magistrada para que informe todas las audiencias que dirigió la jueza desde marzo del 2020 a octubre del 2022, además de que entregue las resoluciones que dictó en aquella época.

Lo mismo pide para la Corte de San Miguel, con el fin de que entregue el informe de la hija del ministro de la Suprema con la que solicitó el teletrabajo durante los dos años.

Por último, la denuncia de Infante pide que la Fiscalía solicite información a la Corporación Administrativa del Poder Judicial, para que este detalle si la jueza solicitó feriados legales en ese tiempo.

Durante la tramitación de esta causa, en su arista administrativa, la hija del ministro de la Suprema recurrió al Tribunal Constitucional (TC) para que declarara ilegal la investigación interna en su contra, algo que fue rechazado por ese organismo.