En total 158 obispos, sacerdotes y laicos han sido o están siendo investigados por abusos sexuales en Chile, anunció la Fiscalía al presentar este lunes la primera vista general de una lacra en la Iglesia Católica que ha remecido a la sociedad chilena.
Desde 1960 a la fecha, la Fiscalía tiene constancia de 266 víctimas, 178 de ellas niños, niñas y adolescentes de abusos sexuales por miembros ligados a la Iglesia católica chilena, que vive una de sus peores crisis desde la visita al país del papa Francisco en enero pasado.
“En su gran mayoría, los hechos denunciados corresponden a delitos sexuales cometidos por sacerdotes, párrocos o personas vinculadas a establecimientos educacionales“, dice el catastro entregado este lunes.
En la investigación se encuentran todos los que formaban parte del clero al momento de la comisión de los delitos: obispos, sacerdotes o presbíteros y diáconos, así como “personas pertenecientes a la vida consagrada”, es decir, “hermanos, monjes, frailes y religiosos“.
El catastro incluye, además, a “personas laicas que ejercían alguna función en el ámbito eclesial“, como los coordinadores de las áreas pastorales de colegios.
De los investigados, 74 no pertenecen a ninguna congregación religiosa, mientras que 65 son, en su mayoría, miembros de los salesianos y maristas. La investigación identifica también a 10 laicos.
En la actualidad, hay 34 investigaciones vigentes con diligencias pendientes. En 23 de los casos hubo sentencias condenatorias y un caso terminó en absolución.
“El trabajo que está realizando la fiscalía sin duda que es muy positivo y está empezando a abrir la puerta a situaciones que eran tratadas antes como secreto a voces“, comentó Juan Carlos Claret, de la agrupación de laicos de la localidad de Osorno, en el sur de Chile, que se opuso a la designación en esa ciudad del renunciado obispo Juan Barros.
Según Claret, ya en 2007 la Conferencia Episcopal Chilena conocía de al menos 120 sacerdores involucrados en casos de abusos sexuales, por lo que a su juicio la cifra entregada este lunes por la fiscalía se queda corta.
“Hay información que todavía está bajo reserva“, agrega Claret, una de las voces que han liderado las denuncias de abuso sexual que remecieron a la Iglesia chilena y que ha provocado una completa reestructuración del clero local por parte del papa Francisco.
Después de haber defendido durante su visita a Chile en enero al obispo Juan Barros, acusado de encubrir al sacerdote Fernando Karadima, uno de los casos más paradigmáticos de pederastia en la Iglesia y apartado por el Vaticano en 2011, el papa argentino decidió abrir una investigación sobre las incesantes denuncias enviando a su hombre de confianza, el arzobispo de Malta Charles Scicluna, en dos ocasiones a Chile en los últimos meses.
En mayo invitó a Roma a varias víctimas del influyente Karadima que más han luchado por que las denuncias no queden en papel mojado y se condene a los culpables de la crisis que vive la Iglesia. Poco después, Francisco convocó a la treintena de obispos al Vaticano, donde le presentaron en bloque su renuncia.
Por el momento, el papa solo ha aceptado la de cinco prelados. Cuatro de ellos están acusados de encubrir o ignorar las denuncias de abusos sexuales de sus subordinados.
En las últimas semanas, se ha producido un goteo incesante de denuncias de pederastia que ha llevado a varios sacerdotes a ser apartados de sus funciones e investigados. La semana pasada entró en la cárcel al sacerdote Óscar Muñoz, mano derecha del cardenal de la capital Ricardo Ezzati.
Las últimas denuncias se han producido este lunes e involucran a dos sacerdotes de la ciudad de Concepción.
La fiscalía, que ha encontrado a muchos culpables en la documentación requisada en los allanamientos realizados en las sedes de los obispados, anunció la semana pasada que solicitará al Vaticano el informe elaborado por Scicluna.
Desde 1960 a la fecha, la Fiscalía tiene constancia de 266 víctimas, 178 de ellas niños, niñas y adolescentes de abusos sexuales por miembros ligados a la Iglesia católica chilena, que vive una de sus peores crisis desde la visita al país del papa Francisco en enero pasado.
“En su gran mayoría, los hechos denunciados corresponden a delitos sexuales cometidos por sacerdotes, párrocos o personas vinculadas a establecimientos educacionales“, dice el catastro entregado este lunes.
En la investigación se encuentran todos los que formaban parte del clero al momento de la comisión de los delitos: obispos, sacerdotes o presbíteros y diáconos, así como “personas pertenecientes a la vida consagrada”, es decir, “hermanos, monjes, frailes y religiosos“.
El catastro incluye, además, a “personas laicas que ejercían alguna función en el ámbito eclesial“, como los coordinadores de las áreas pastorales de colegios.
De los investigados, 74 no pertenecen a ninguna congregación religiosa, mientras que 65 son, en su mayoría, miembros de los salesianos y maristas. La investigación identifica también a 10 laicos.
En la actualidad, hay 34 investigaciones vigentes con diligencias pendientes. En 23 de los casos hubo sentencias condenatorias y un caso terminó en absolución.
Secreto a voces
Para organizaciones, se trata, sin embargo, recién de la punta del iceberg.“El trabajo que está realizando la fiscalía sin duda que es muy positivo y está empezando a abrir la puerta a situaciones que eran tratadas antes como secreto a voces“, comentó Juan Carlos Claret, de la agrupación de laicos de la localidad de Osorno, en el sur de Chile, que se opuso a la designación en esa ciudad del renunciado obispo Juan Barros.
Según Claret, ya en 2007 la Conferencia Episcopal Chilena conocía de al menos 120 sacerdores involucrados en casos de abusos sexuales, por lo que a su juicio la cifra entregada este lunes por la fiscalía se queda corta.
“Hay información que todavía está bajo reserva“, agrega Claret, una de las voces que han liderado las denuncias de abuso sexual que remecieron a la Iglesia chilena y que ha provocado una completa reestructuración del clero local por parte del papa Francisco.
Después de haber defendido durante su visita a Chile en enero al obispo Juan Barros, acusado de encubrir al sacerdote Fernando Karadima, uno de los casos más paradigmáticos de pederastia en la Iglesia y apartado por el Vaticano en 2011, el papa argentino decidió abrir una investigación sobre las incesantes denuncias enviando a su hombre de confianza, el arzobispo de Malta Charles Scicluna, en dos ocasiones a Chile en los últimos meses.
En mayo invitó a Roma a varias víctimas del influyente Karadima que más han luchado por que las denuncias no queden en papel mojado y se condene a los culpables de la crisis que vive la Iglesia. Poco después, Francisco convocó a la treintena de obispos al Vaticano, donde le presentaron en bloque su renuncia.
Por el momento, el papa solo ha aceptado la de cinco prelados. Cuatro de ellos están acusados de encubrir o ignorar las denuncias de abusos sexuales de sus subordinados.
En las últimas semanas, se ha producido un goteo incesante de denuncias de pederastia que ha llevado a varios sacerdotes a ser apartados de sus funciones e investigados. La semana pasada entró en la cárcel al sacerdote Óscar Muñoz, mano derecha del cardenal de la capital Ricardo Ezzati.
Las últimas denuncias se han producido este lunes e involucran a dos sacerdotes de la ciudad de Concepción.
La fiscalía, que ha encontrado a muchos culpables en la documentación requisada en los allanamientos realizados en las sedes de los obispados, anunció la semana pasada que solicitará al Vaticano el informe elaborado por Scicluna.
