La Fiscalía de Tarija confirmó que la policía no pudo detener al expresidente de Bolivia, Evo Morales, debido al riesgo de “resistencia organizada” que existía, así como por la información falsa que facilitó a lo largo del proceso judicial que investigaba su implicación en un delito de abuso de menores.

“Pese a las gestiones realizadas, se identificaron riesgos técnicos y operativos significativos, además de resistencia organizada y dificultades logísticas“, relató la fiscal de Tarija, Sandra Gutiérrez, quien el lunes imputó formalmente a Morales por un delito de tráfico de seres humanos con agravante.

La fiscal solicitó su arresto durante seis meses después de que no se presentara a declarar en la sede del Tribunal de Justicia de Tarija en relación con la denuncia en su contra por una relación con una menor en 2015, actualmente en paradero desconocido, fruto de la cual nació una hija.

Los progenitores de la entonces menor fueron acusados también de tráfico de seres humanos, ya que habrían consentido la relación a cambio de favores políticos. Se solicitó la detención de la madre, mientras que el padre permanecía en prisión desde octubre, y al igual que a Morales, se le activó la alerta migratoria.

De acuerdo con la información que manejaba la policía, Morales se encontraría en Chapare, provincia del departamento de Cochabamba, bastión social del expresidente del que partieron las últimas movilizaciones en su apoyo y se extendieron los bloqueos que incomunicaron durante un mes una parte del país.

La Policía informó también de que Morales no se encontraba en el domicilio del municipio de Villa Tunari en el que dijo residir cuando comenzó todo este proceso.