El Fiscal Regional Metropolitana Oriente, Manuel Guerra, aclaró que la solicitud de las asesorías en la Cámara Alta no tiene relación con una sospecha hacia los senadores, sino que más bien a quienes realizaron estos informes.
La indagatoria inició luego que se conociera que el senador y candidato presidencial del oficialismo Alejandro Guillier pagó $19 millones con cargo al Estado por informes que serían “copy paste”, el Ministerio Público solicitó las asesorías parlamentarias a todo el Senado, al igual como lo hizo en 2016 a la Cámara de Diputados.
“Como Fiscalía consideramos que necesitamos contar con los contratos y esos informes de asesorías de un periodo de tiempo determinado, que definimos de 2011 a 2016”, comentó el persecutor a Tele13 radio.
Asimismo, explicó que “el Senado manifestaba su negativa a hacer entrega de estos informes en los términos que habían sido solicitados, pues consideraba que esto era un reproche arbitrario al actuar de los senadores y de la Corporación como tal”.
Por tanto, el fiscal Guerra dijo que, para insistir en la solicitud, “aclararemos que las conductas que nosotros tenemos identificadas y que consideramos dignas de ser investigadas, son las relativas a quienes prestan asesorías a la Cámara Alta, así como ya tenemos todos los informes de la Cámara de Diputados”.
“No es un cuestionamiento o una imputación que se dirija en contra de los senadores, éstos no tienen a nuestros ojos la calidad de imputados“, añadió.
De hecho, Guerra manifestó que “no tenemos elementos que nos permitan sospechar respecto de la conducta de los senadores, por eso creemos que la respuesta del senado parte de un supuesto de hecho errado”.
“Creemos que esta polémica es más bien artificial y que el senado no tiene la atribución para negarnos la solicitud, porque no es el imputado el Senado, sí son los senadores”, acotó.
Finalmente, el persecutor afirmó que no cree que la petición del Ministerio Público se haya excedido en sus atribuciones, porque “son peticiones que nosotros normalmente hacemos y el artículo 29 nos autoriza a requerir de toda autoridad del estado todo tipo de información”.
La indagatoria inició luego que se conociera que el senador y candidato presidencial del oficialismo Alejandro Guillier pagó $19 millones con cargo al Estado por informes que serían “copy paste”, el Ministerio Público solicitó las asesorías parlamentarias a todo el Senado, al igual como lo hizo en 2016 a la Cámara de Diputados.
“Como Fiscalía consideramos que necesitamos contar con los contratos y esos informes de asesorías de un periodo de tiempo determinado, que definimos de 2011 a 2016”, comentó el persecutor a Tele13 radio.
Asimismo, explicó que “el Senado manifestaba su negativa a hacer entrega de estos informes en los términos que habían sido solicitados, pues consideraba que esto era un reproche arbitrario al actuar de los senadores y de la Corporación como tal”.
Por tanto, el fiscal Guerra dijo que, para insistir en la solicitud, “aclararemos que las conductas que nosotros tenemos identificadas y que consideramos dignas de ser investigadas, son las relativas a quienes prestan asesorías a la Cámara Alta, así como ya tenemos todos los informes de la Cámara de Diputados”.
“No es un cuestionamiento o una imputación que se dirija en contra de los senadores, éstos no tienen a nuestros ojos la calidad de imputados“, añadió.
De hecho, Guerra manifestó que “no tenemos elementos que nos permitan sospechar respecto de la conducta de los senadores, por eso creemos que la respuesta del senado parte de un supuesto de hecho errado”.
“Creemos que esta polémica es más bien artificial y que el senado no tiene la atribución para negarnos la solicitud, porque no es el imputado el Senado, sí son los senadores”, acotó.
Finalmente, el persecutor afirmó que no cree que la petición del Ministerio Público se haya excedido en sus atribuciones, porque “son peticiones que nosotros normalmente hacemos y el artículo 29 nos autoriza a requerir de toda autoridad del estado todo tipo de información”.
