El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, se refirió este jueves a los alcances de la nueva Ley Antiterrorista y su impacto en las investigaciones realizadas en la Macrozona Sur, su jurisdicción.

En entrevista con Radio ADN, el persecutor recordó que “la aplicación (de la ley) era muy restringida, porque las pruebas necesarias para acreditar los elementos de los delitos terroristas eran difíciles de reunir”.

“En casos como el homicidio del matrimonio Luchsinger Mackay, la Corte Suprema concluyó que no se trataba de un delito terrorista, a pesar de los antecedentes que presentamos”, dijo.

“Esto ocurría porque la legislación exigía probar que el acto había sido cometido con la intención de causar temor generalizado, lo cual es un concepto subjetivo y muy complejo de acreditar en un tribunal”, explicó.

Respecto a los avances que presenta la nueva normativa, Garrido indicó que “hoy día hay un avance significativo. La legislación tiene una mayor coherencia con otros cuerpos legales y ofrece herramientas que antes no teníamos. Por ejemplo, ahora se puede imputar a individuos sin necesidad de probar la existencia de una organización terrorista, lo cual era un gran obstáculo antes”.

En relación al catálogo de delitos cubiertos, Garrido explicó que la nueva ley amplía su alcance para incluir acciones vinculadas, como el secuestro o la explotación ilegal de recursos. “Esto incluye no solo actos directamente violentos, sino también aquellos que generan las condiciones para que estos ocurran, como el financiamiento a través de actividades ilícitas. En la práctica, esto nos permitirá abordar las raíces de los delitos y no solo sus manifestaciones más evidentes”.

El fiscal de La Araucanía aclaró que la aplicación de esta normativa no transformará de inmediato las dinámicas investigativas. “Va a haber un periodo de ajuste para que podamos aplicar estas herramientas de manera efectiva. Esto no será un cambio de la noche a la mañana, pero sí representa un avance en la dirección correcta”.

Consultado por las organizaciones con potencial naturaleza terrorista, explicó que su funcionamiento depende de los recursos económicos para operar. “Lo vemos con grupos como la Coordinadora Arauco Malleco, que necesitan fondos para adquirir armas o municiones. Esto los lleva a cometer delitos como robos con intimidación o incluso el tráfico de drogas. La nueva legislación nos permite perseguir estas actividades bajo las reglas de la ley antiterrorista, lo cual amplía considerablemente nuestras capacidades de investigación”.

IMSI CATCHER

La polémica generada durante el debate legislativo de la Ley Antiterrorista por el uso de la tecnología IMSI Catcher, que simula ser una antena celular y puede interceptar información de teléfonos móviles, también fue abordada por el fiscal.

“Esta tecnología se usa hace más de 20 años en países como Canadá o Alemania, y su implementación está debidamente controlada por jueces de garantía, lo que asegura que no haya discrecionalidad en su uso”, señaló.

“La modernización de las herramientas investigativas es esencial para estar a la altura de los desafíos actuales. No se explica por qué estábamos tan atrasados en este aspecto, pero con esta ley estamos dando un paso necesario”, insistió el persecutor.

“Siempre van a surgir nuevos desafíos para acreditar los elementos de los delitos, especialmente en el ámbito del terrorismo, donde las estrategias cambian rápidamente. Es un trabajo que exige renovar nuestras técnicas y métodos investigativos de manera continua. Solo así podremos garantizar que se haga justicia y que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos”, concluyó.