El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, advirtió sobre la realidad que se vive en campamentos donde se ha detectado la presencia de bandas de crimen organizado transnacional. En esos lugares, afirma, “por cualquier actividad económica que realice, la gente que vive en los campamentos tiene que pagar”.

Tomando como ejemplo la toma de Antofagasta, intervenida por la policía, el persecutor dice que cualquiera de los almaceneros del lugar, personas con alguna actividad al interior del campamento, estaban expuestos a ser obligados a pagar “la vacuna”, es decir, dinero a cambio de “protección”.

Con este tipo de prácticas, “se tienden a formar miniestados dentro del Estado”, señala en entrevista con El Mostrador.

Y no es un problema aislado, indicó, sino que una realidad cada día más creciente y en la cual las víctimas muchas veces son migrantes, que se convierten en presas de organizaciones como la que encabezaba “Zeus” o el Tren de Aragua, en esa zona.

Citando cifras publicadas en El Mercurio de Antofagasta, Castro indica que los campamentos aumentaron en la Región de Antofagasta de 85 a 116 entre 2022 y 2024, es decir, un 37%, y no solo eso: la superficie que ocupan subió de 175 a 424 hectáreas.

El crecimiento de las tomas puede explicar por qué ahora aparecieron en la zona “Los piratas de Aragua”, como se denomina hoy al Tren de Aragua “original”.

RED FLAGS

Su preocupación deviene de la comprensión global del fenómeno del crimen organizado en la Región de Antofagasta y de cómo este fue cambiando y develando una realidad cada vez más compleja.

Un primer indicador –una red flag (bandera roja), como les dicen los estadounidenses a las señas de advertencia– fue la evolución de los homicidios. Rememora que en 2005 hubo 10 crímenes de este tipo en toda la región, pero el año pasado fueron 42.

La tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes saltó de 1.9, también en 2005 (por debajo de la media nacional), a 5.9, el año pasado, la tercera más alta del país, y en la Provincia del Loa fue mucho más alta: 8.2 el año 2023.

Otro indicador que debió haberse tenido en cuenta fue el crecimiento del uso de armas de fuego en los homicidios, que subió desde el 25% al 50%, así como la participación de sujetos vinculados a grupos criminales extranjeros en distintos delitos, los cuales –puntualiza– son por lo general más violentos que los chilenos.

A modo de ejemplo, relata que en un periodo que va desde octubre del año pasado a marzo del presente, hubo 450 imputados por narcotráfico y el 68.2% de ellos era extranjero. En el caso de los secuestros, de 14 detenidos, dicha cifra bajaba a la mitad, y respecto de los 31 detenidos por homicidios, 12 (es decir, un 38.7%) eran extranjeros, la mayoría de ellos con permanencia irregular.

Otro indicador, señala, es la penetración del narcotráfico, como una especie de eje transversal en todas las actividades delictivas. Solo en lo que va de este año, en la Fiscalía Regional de Antofagasta han incautado 10 toneladas de drogas, una cifra enorme si se tiene en cuenta que en 2022 fueron 54 toneladas en todo el país, sumando los decomisos en kilos efectuados por la PDI y Carabineros, de acuerdo con sus respectivas cuentas públicas de 2023.

Al respecto, indica que la Región de Antofagasta cuenta con una frontera de tal extensión con Bolivia, que es un muy difícil de controlar, a lo que suma el hecho de que “muchas veces las organizaciones criminales cuentan con más recursos que las policías, por ejemplo, con vehículos de mayor cilindrada, imprescindibles en el altiplano”.

Otra carencia, específica, es que el Departamento de Inteligencia e Investigaciones Policiales Marítimas (Dipolmar) de la Armada tiene su base de operaciones en Valparaíso, lo que dificulta su trabajo en el norte, por lo cual –detalla– sería ideal contar con su presencia permanente allá.

Ante todo ello, Castro Bekios ordenó a inicios de este año la creación de una unidad nueva al interior del Ministerio Público, la Fiscalía de Análisis y Criminalidad Compleja (FAAC), en la cual se fusionaron el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), además de la Fiscalía de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI), junto con los fiscales preferentes, a fin de indagar en una sola gran unidad los hechos criminales de mayor entidad y complejidad.