El fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, afirmó que la decisión del arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, de guardar silencio en su declaración en calidad de imputado por casos de encubrimiento en la Iglesia, es un signo común en las causas que involucra a la institución.

Consultado por radio Cooperativa, el jurista señaló que ningún antecedente de estos casos ha sido presentado por iniciativa propia por la Iglesia, añadiendo que “la conducta de guardar silencio de este imputado (cardenal Ezzati) es común a la conducta que ha tenido la Iglesia Católica en todos los otros casos”.

“Debemos recordar acá que nosotros hemos obtenido toda la evidencia a consecuencia de haber solicitado autorizaciones judiciales, acá en ningún caso ha habido una colaboración espontánea, una colaboración de la iglesia católica de poner voluntariamente los antecedentes a disposición del Ministerio Público para investigar lo más pronto posible estos hechos. Todo ha sido a consecuencia de órdenes judiciales”, agregó.

EXOBISPO COX

Respecto a la situación del ex obispo de La Serena, Francisco José Cox, quien está acusado de abusar sexualmente a menores en Chile y Alemania, el fiscal Arias confirmó que sí está imputado en la indagatoria.

“Mi investigación no solo se compone de todo lo que se ha incautado, sino también algo que ha sido muy sano y que nos ha sorprendido bastante es mucha denuncia espontánea y mucha gente que concurre a la Fiscalía a dar su relato que a mí me sirve también como contexto y es ahí donde aparecen antecedentes relativos al señor Cox, de manera que sí es imputado en la investigación”, explicó.

Por otra parte, el persecutor expresó su pesar por la decisión de la Corte de Apelaciones de acoger una orden de no innovar solicitada por el obispado de Valparaíso para recuperar un computador incautado, que en la práctica significó la paralización parcial de las investigaciones por abuso en la iglesia llevadas por el Ministerio Público.

Aunque cree que el interponer este recurso es una estrategia de la defensa del Obispado de Valparaíso que está contemplada en la ley, el fiscal consideró que la determinación de la Corte rancagüina es desproporcionada.

“Lo que me llama la atención es la consecuencia de ese recurso de protección, que busca la devolución de un computador y se pide a consecuencia de la devolución de un computador una orden de no innovar que afecta a toda la causa, no tiene ninguna proporción y a eso accedió una sala de la Corte de Apelaciones de Rancagua”, indicó.