.Santiago González, rector de la Universidad Central.

La Subsecretaría de Educación Superior ha propuesto, con mucha razón, algunos mecanismos de apoyo financiero a las universidades, que les permitan abordar los difíciles momentos que enfrentan producto de la pandemia que azota al país. Ello con el objeto de sustentar los proyectos académicos de las instituciones de educación superior, de modo de no afectar la trayectoria académica de sus estudiantes, especialmente los más vulnerables.

Nos ha sorprendido la reacción negativa, a algunas de estas propuestas, por parte de las autoridades del Consejo de Rectores (Cruch) y del Consorcio de Universidades Estatales (Cuech), argumentando que, con ellas, se estaría beneficiando a universidades privadas, como si estas últimas no formaran parte del sistema de educación superior.

La información que entrega la Contraloría General de la República, publicada el año 2019, nos ayuda a dimensionar cuál es la importancia de las universidades privadas en nuestro país, dato importante para algunos parlamentarios que están opinando sobre estas iniciativas.

Del total de 750.525 estudiantes matriculados el 2018, un 51,2% pertenece a universidades privadas no pertenecientes al Consejo de Rectores, un 48,8% corresponde a universidades del Cruch, de las cuales solo un 26,7% corresponde a universidades estatales.

El Estado asignó recursos a las universidades el 2018 por un monto de $520.031 millones, y aquí no estamos hablando de gratuidad ni créditos CAE, sino de recursos directos. De estos últimos un 96,3%, es decir $500.877 millones, se destinaron a instituciones del Consejo de Rectores y solo un 3,7%, 19.154 millones a universidades privadas, reflejando estos porcentajes una inequidad evidente.

Sin duda que reconocemos el aporte que realizan las universidades del Cruch a la educación e investigación en el país, pero ello no puede ser motivo para obstaculizar las políticas públicas que pretendan apoyar también a las universidades privadas, ya que ellas son las que absorben la mayor matricula del país y sustentan la enseñanza superior de los alumnos más vulnerables.

La nueva Ley de Educación Superior establece que el sistema, a contar del 2019, es uno solo y esa es la mirada que el Estado debe tener, corrigiendo las desigualdades e inequidades en el financiamiento y exigiendo a todos sus actores la mayor eficiencia en el gasto y ejerciendo una férrea fiscalización sobre él, esto como un aspecto fundamental de la buena administración de los recursos públicos. Entendemos que esa es la mirada del Ministerio de Educación al realizar sus propuestas.

.Santiago González, rector de la Universidad Central.