El Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea rechazaron “categóricamente” las conclusiones contenidas en un reporte de Amnistía Internacional, que denunció el jueves “ataques generalizados” de las fuerzas del orden para castigar a quienes asistieron a las manifestaciones.
“No existió ni existe ninguna política de las FFAA para dirigir ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil”, dijo una declaración conjunta de las tres instituciones, sumándose al rechazo más temprano de Carabineros y el gobierno de Sebastián Piñera.
“La extensa denuncia de Amnistía Internacional no contiene ninguna prueba directa o indirecta, de una orden, un acuerdo, o siquiera una insinuación de las FFAA en este sentido”, agrega la declaración de las instituciones chilenas.
Al final de una misión de observación, AI afirmó que “la intención de las fuerzas de seguridad chilenas es clara: lesionar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual en contra de manifestantes”.
Tras un mes en crisis han muerto 23 personas y cerca de 2.000 personas resultaron heridas. Se contabilizan, además, más de 200 heridos oculares graves por balines disparados por agentes antidisturbios.
En una reunión con periodistas de medios extranjeros, el propio Presidente Piñera reconoció “que es posible que en algunos casos” no se cumplieron los protocolos establecidos para contener disturbios.
Las fuerzas militares resguardaron las calles los primeros nueve días del estallido social después de que el presidente Piñera declarara el estado de emergencia. La Fiscalía atribuye a agentes del Estado la muerte de cinco de las 22 víctimas fatales en las protestas que estallaron el 18 de octubre.
“Tampoco es cierto que durante el período que rigió el Estado de Excepción Constitucional, las FFAA hubieran actuado con la intención de lesionar a quienes se manifestaban para desincentivar la protesta social”, dice la declaración de los mandos militares.
“Al contrario, su intención fue la de proteger a la población, los derechos de nuestros compatriotas y la infraestructura crítica de nuestro país, ante los graves delitos con altos grados de violencia que se estaban cometiendo”, agrega.
“No existió ni existe ninguna política de las FFAA para dirigir ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil”, dijo una declaración conjunta de las tres instituciones, sumándose al rechazo más temprano de Carabineros y el gobierno de Sebastián Piñera.
“La extensa denuncia de Amnistía Internacional no contiene ninguna prueba directa o indirecta, de una orden, un acuerdo, o siquiera una insinuación de las FFAA en este sentido”, agrega la declaración de las instituciones chilenas.
Al final de una misión de observación, AI afirmó que “la intención de las fuerzas de seguridad chilenas es clara: lesionar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual en contra de manifestantes”.
Tras un mes en crisis han muerto 23 personas y cerca de 2.000 personas resultaron heridas. Se contabilizan, además, más de 200 heridos oculares graves por balines disparados por agentes antidisturbios.
En una reunión con periodistas de medios extranjeros, el propio Presidente Piñera reconoció “que es posible que en algunos casos” no se cumplieron los protocolos establecidos para contener disturbios.
Las fuerzas militares resguardaron las calles los primeros nueve días del estallido social después de que el presidente Piñera declarara el estado de emergencia. La Fiscalía atribuye a agentes del Estado la muerte de cinco de las 22 víctimas fatales en las protestas que estallaron el 18 de octubre.
“Tampoco es cierto que durante el período que rigió el Estado de Excepción Constitucional, las FFAA hubieran actuado con la intención de lesionar a quienes se manifestaban para desincentivar la protesta social”, dice la declaración de los mandos militares.
“Al contrario, su intención fue la de proteger a la población, los derechos de nuestros compatriotas y la infraestructura crítica de nuestro país, ante los graves delitos con altos grados de violencia que se estaban cometiendo”, agrega.
