Familiares de los 9 bolivianos presos en la cárcel de Alto Hospicio viajaron por su propia cuenta para visitarlos y “levantarles el ánimo”, después de que el jueves la Corte de Apelaciones de Iquique rechazó el recurso de amparo presentado por la defensa.
Según publica este sábado el diario paceño Página Siete, los familiares están convencidos de que los dos militares y los 7 funcionarios de aduanas detenidos el 19 de marzo pasado en Colchane no están bien anímicamente. “Sabemos que ellos moralmente allá están mal, así nos digan que están bien, eso es mentira”, declaró una mujer al medio.
A Chile viajaron los miembros de ocho familias “para darles ánimos y para decirles que no están solos y que seguiremos luchando acá”. También se mostraron preocupados porque no han podido contactarse por teléfono con los detenidos y uno de ellos estaría enfermo, según informó su madre entre lágrimas.
Página Siete también informó que el jueves esperaron en la Cancillería el fallo de la corte iquiqueña, donde recibieron la mala noticia. “Hemos salido desmoralizados, no sabíamos qué hacer… estoy todo destrozado”, declaró Constancio Quenallata, padre de uno de los funcionarios de aduana.
A su vez, el diputado Julio Huaraya, del Movimiento al Socialismo (MAS), denunció una supuesta injerencia del Gobierno de Chile en la justicia por el fallo de la corte de Iquique.
“Era de esperar esta posición, ya que seguro existe una injerencia del Gobierno de Chile en la justicia. Consideramos que son decisiones políticas que tomaron al no hacer prevalecer los derechos a nuestros compatriotas bolivianos”, dijo el parlamentario.
El recurso de amparo fue presentado el martes pasado por el procurador general del Estado de Bolivia, Pablo Menacho, y el abogado chileno Claudio Vila, militante del Partido Comunista, ex gobernador de la Provincial del Tamarugal y miembro del equipo del diputado Hugo Gutiérrez, contratado por el Gobierno de Evo Morales.
De acuerdo a la resolución judicial dictada este jueves por los ministros Pedro Güiza, Rafael Corvalán y el fiscal judicial Jorge Araya, “no se aprecia que se haya cometido un acto u omisión que, arbitraria o ilegalmente, prive de su libertad a los amparados, por cuanto el decreto de prisión preventiva que pesa en su contra fue dictado en el marco de un proceso legalmente tramitado, por un Juez de Garantía actuando dentro de su competencia y en uso de sus facultades, observándose las formalidades legales y en los casos previstos por la ley”.
Con esta resolución se mantiene la prisión preventiva decretada el 22 de marzo pasado por el Juzgado de Garantía de Pozo Almonte, que además fijó un plazo de 120 días para la investigación. Los bolivianos están acusados de los delitos de robo con violencia e intimidación, porte ilegal de armas y contrabando.
Los imputados son el capitán de Ejército Alex Carvajal, el suboficial Carlos Calle y los funcionarios aduaneros Arsenio Choque, Casimiro Tórrez, David Quenallata, Karl Luis Guachalla, Bryan Quenallata, Edilberto Raúl Flores y Diego Guzmán.
Según publica este sábado el diario paceño Página Siete, los familiares están convencidos de que los dos militares y los 7 funcionarios de aduanas detenidos el 19 de marzo pasado en Colchane no están bien anímicamente. “Sabemos que ellos moralmente allá están mal, así nos digan que están bien, eso es mentira”, declaró una mujer al medio.
A Chile viajaron los miembros de ocho familias “para darles ánimos y para decirles que no están solos y que seguiremos luchando acá”. También se mostraron preocupados porque no han podido contactarse por teléfono con los detenidos y uno de ellos estaría enfermo, según informó su madre entre lágrimas.
Página Siete también informó que el jueves esperaron en la Cancillería el fallo de la corte iquiqueña, donde recibieron la mala noticia. “Hemos salido desmoralizados, no sabíamos qué hacer… estoy todo destrozado”, declaró Constancio Quenallata, padre de uno de los funcionarios de aduana.
A su vez, el diputado Julio Huaraya, del Movimiento al Socialismo (MAS), denunció una supuesta injerencia del Gobierno de Chile en la justicia por el fallo de la corte de Iquique.
“Era de esperar esta posición, ya que seguro existe una injerencia del Gobierno de Chile en la justicia. Consideramos que son decisiones políticas que tomaron al no hacer prevalecer los derechos a nuestros compatriotas bolivianos”, dijo el parlamentario.
El recurso de amparo fue presentado el martes pasado por el procurador general del Estado de Bolivia, Pablo Menacho, y el abogado chileno Claudio Vila, militante del Partido Comunista, ex gobernador de la Provincial del Tamarugal y miembro del equipo del diputado Hugo Gutiérrez, contratado por el Gobierno de Evo Morales.
De acuerdo a la resolución judicial dictada este jueves por los ministros Pedro Güiza, Rafael Corvalán y el fiscal judicial Jorge Araya, “no se aprecia que se haya cometido un acto u omisión que, arbitraria o ilegalmente, prive de su libertad a los amparados, por cuanto el decreto de prisión preventiva que pesa en su contra fue dictado en el marco de un proceso legalmente tramitado, por un Juez de Garantía actuando dentro de su competencia y en uso de sus facultades, observándose las formalidades legales y en los casos previstos por la ley”.
Con esta resolución se mantiene la prisión preventiva decretada el 22 de marzo pasado por el Juzgado de Garantía de Pozo Almonte, que además fijó un plazo de 120 días para la investigación. Los bolivianos están acusados de los delitos de robo con violencia e intimidación, porte ilegal de armas y contrabando.
Los imputados son el capitán de Ejército Alex Carvajal, el suboficial Carlos Calle y los funcionarios aduaneros Arsenio Choque, Casimiro Tórrez, David Quenallata, Karl Luis Guachalla, Bryan Quenallata, Edilberto Raúl Flores y Diego Guzmán.
