La gobernación metropolitana empezó a tomar medidas frente al categórico informe del Congreso sobre la falla de San Ramón (o de Ramón), ubicada entre 10 y 12 kilómetros bajo la superficie terrestre de la sierra de la capital.

La fractura geológica cruza las comunas de Vitacura, Las Condes, La Reina, Peñalolén, La Florida y Puente Alto, aunque también podría extenderse a Lo Barnechea y Pirque.

Según el informe del 13 de octubre realizado por la comisión especial investigadora de la Cámara de Diputados, la falla se encuentra activa y representa un grave peligro para las nuevas edificaciones en la zona, ya que podría generarse un terremoto de hasta 7,5° de magnitud.

Frente al llamado de actualizar el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, el gobernador regional, Claudio Orrego, se reunió este martes con distintos actores del mundo académico, científico, municipal y parlamentario para abordar los riesgos y generar zonas de resguardo y restricciones ante un eventual sismo.

“Llegó el momento de la acción. La evidencia científica está sobre la mesa desde hace varios años y se ha venido perfeccionando. La falla de San Ramón tiene casi 50 km de largo, 300 metros de ancho y, lo más importante, está activa. Eso implica un riesgo para la vida de los santiaguinos y santiaguina”, indicó el gobernador Orrego.

“Este es un momento histórico: municipios, mundo científico, academia, parlamentarios y autoridades regionales democráticamente elegidas hemos decidido enfrentar un fenómeno que hoy amenaza con afectar la calidad de vida de los capitalinos”, añadió.

Además, la autoridad regional anunció el envío de un oficio al seremi de Vivienda regional, Manuel José Errázuriz, para que entregue la “dictación de resolución de inicio para la elaboración de antecedentes y estudios necesarios conducentes a la modificación del Plan Regulador Metropolitano de Santiago”.

“Esto en materia del análisis e inclusión de la falla de San Ramón como un área de riesgo normada por dicho instrumento y que permita la inclusión de esta materia en los respectivos Planes Reguladores Comunales de las comunas involucradas”, detalló Orrego, quien además le pidió al seremi indicar si se ejecutará el proyecto de diagnóstico de $248 millones que fue aprobado en noviembre de 2016, el cual buscaba hacer cambios en el principal instrumento de ordenamiento territorial, el PRMS.

Al respecto se refirió el profesor de Geología de la Universidad de Chile, Gabriel Easton: “Esperamos que finalmente se plasme en modificaciones a un instrumento tan relevante como es el PRSM, y avanzar en la reducción del riesgo de desastres para hacer de esta una ciudad más sostenible”.

Por su parte, el diputado Tomas Hirsch, quien preside la comisión investigadora de la Cámara sobre la falla, advirtió que “representa un peligro para los miles de personas que viven en las inmediaciones de la misma. De familias que se han endeudado y comprado una vivienda, o la misma infraestructura pública que está emplazada en el lugar, como hospitales, colegios, universidades e incluso el aeródromo de Tobalaba”.

“Las conclusiones a las que hemos llegado es que acá ha habido negligencia del Estado por demasiados años, conociendo la información entregada por académicos y científicos, no se ha actuado con la urgencia que corresponde”, acusó el parlamentario.