“La Audiencia Nacional de Barcelona condena a 21 años y 9 meses a un hombre acusado de 4 delitos de abusos sexuales, dos de ellos de forma continuada”, señaló el tribunal en un comunicado.
Se trata de la primera sentencia por el escándalo que estalló en 2016 en las escuelas Maristas de Barcelona con más de 40 denuncias contra doce profesores, que sirvió para romper el silencio imperante hasta entonces en España sobre los abusos a menores en la Iglesia.
Su principal protagonista fue Joaquín Benítez, el exprofesor de educación física condenado que había recibido 17 denuncias de alumnos, la mayoría de ellas por hechos prescritos.
Los magistrados lo acusan de haberse aprovechado “de su ascendencia y jerarquía como profesor de educación física y de la confianza que los alumnos tenían por ello depositada en él”.
El tribunal da por bueno el abanico de abusos descrito por las víctimas en el juicio, celebrado en Barcelona a finales de marzo: tocamientos, masturbaciones, felaciones o incluso forzar que lo penetraran.
Sus víctimas eran alumnos de entre 14 y 15 años a quienes recibía en un cuarto habilitado como despacho donde disponía de una camilla para supuestamente hacer masajes.
Los magistrados imponen también una indemnización de 120.000 euros que, en caso de insolvencia del condenado, deberán asumir la compañía aseguradora de la escuela y la fundación Maristas.
La congregación solo acudió al juicio como responsable civil subsidiario aunque las víctimas y el mismo condenado la acusaron de haber silenciado estos casos.
Desde el estallido de este caso se ha producido un creciente goteo de denuncias por abusos sexuales en la Iglesia española, tanto en congregaciones religiosas como en parroquias.
Sin embargo, la repercusión dista mucho del caso chileno, donde los Maristas también se vieron envueltos en un escándalo de abusos y encubrimientos que sumieron a la Iglesia del país en la peor crisis de su historia.
Hay casi 150 causas abiertas, la justicia allanó varias dependencias eclesiásticas y 34 obispos chilenos renunciaron.
En España, la Iglesia pidió perdón y prometió modificar sus protocolos de actuación ante estos casos pero muy pocas denuncias terminaron ante la justicia por haber prescrito.