La expresidenta argentina y actual senadora Cristina Kirchner fue procesada por el juez que lleva la megacausa de sobornos conocida como “cuadernos de la corrupción”, quien además ordenó su prisión preventiva, así como a una treintena de exfuncionarios y empresarios.
Kirchner -quien suma con éste su sexto procesamiento en distintas causas- seguirá en libertad por sus fueros como senadora.
Tras considerar a la expresidenta “jefa de una asociación ilícita”, según informó el Centro de Información Judicial (CIJ), el juez federal Claudio Bonadio “pidió su desafuero” al Senado, que en diciembre pasado ya rechazó otro pedido similar del mismo magistrado.
Miguel Ángel Pichetto, jefe del bloque de senadores peronistas y enfrentado en la interna partidaria a la expresidenta, anticipó su postura contraria a un desafuero mientras no haya una condena firme.
En el fallo de 500 fojas, el magistrado procesó también con prisión preventiva a 17 exfuncionarios, entre ellos el exministro de Planificación Julio de Vido, ya detenido por otra causa, y casi todos sus colaboradores, además de 13 empresarios.
De este total, permanecerán en libertad por haber sido aceptados como “arrepentidos” al colaborar con la justicia, cinco exfuncionarios y nueve empresarios, ente ellos Ángelo Calcaterra, primo del presidente argentino, Mauricio Macri.
Otros siete empresarios, cuatro exfuncionarios y un exjuez fueron procesados sin prisión preventiva.
Bonadio embargó a todos los procesados por 4.000 millones de pesos (100 millones de dólares).
En un extenso fallo de 500 fojas, Bonadio consideró que “la asociación ilíctia fue comandada por (el ya fallecido) Néstor Kirchner y Cristina Kirchner”, durante cuyos gobiernos funcionó “una maquinaria que le sacaba con procedimientos amañados dinero al Estado”.
El objetivo era “distribuir coimas a funcionarios corruptos, a cambio que, por avaricia y codicia, ese selecto grupo de empresarios también se llenaran los bolsillos mediante su participación en licitaciones o concesiones”.
Bonadio estimó que “lo producido por esos sobornos era utilizado” para financiar ilegalmente campañas electorales o “vinculadas a la gestión política del gobierno y de organizaciones satélites, para comprar voluntades del Poder Judicial” o “a tareas de inteligencia política”.
“Pero el grueso de esos fondos fueron destinados a engrosar de manera espuria e ilegal, el patrimonio personal de quienes entre los años 2003 y 2015 ocuparon los más altos cargos de la República”, destacó el juez.
A esas anotaciones hechas en cuadernos escolares se han sumado las confesiones de una docena de implicados que se acogieron a la figura legal de “arrepentidos”, la mayor parte empresarios, pero también exfuncionarios kirchneristas.
En el marco de esta investigación, la senadora fue indagada dos veces por el juez Bonadio. En ambos casos estuvo personalmente en el juzgado, pero presentó escritos en los que rechazó las acusaciones.
Hace tres semanas, el juez llevó a cabo allanamientos en las tres viviendas de Kirchner, un departamento en Buenos Aires y dos casas en Río Gallegos y El Calafate, en la Patagonia, al sur del país.
En un video divulgado el domingo, la expresidenta mostró algunos destrozos producidos durante los tres días de allanamiento en su casa de El Calafate y responsabilizó al juez. “Fue un capítulo más de humillación y persecución”, denunció.
La expresidenta, que se considera una perseguida por la justicia, había recusado sin éxito al juez y al fiscal de la causa, Carlos Stornelli.
La actual senadora, de la centro-izquierda del peronismo, es la principal dirigente de la oposición y conserva un núcleo duro que la apoya de alrededor de 30% de los argentinos, según encuestas, a un año de las elecciones presidenciales.
Ayer lunes, en otra causa, la justicia le denegó un pedido de postergación de audiencia y deberá presentarse hoy a indagatoria, citada por el juez Sebastián Casanello, que investiga lavado de dinero por parte del detenido empresario Lázaro Báez, cercano a los Kirchner.
La expresidenta está investigada en siete causas por supuesta corrupción y por presunto encubrimiento a iraníes en la causa por el atentado a la mutual judía AMIA.
Kirchner -quien suma con éste su sexto procesamiento en distintas causas- seguirá en libertad por sus fueros como senadora.
Tras considerar a la expresidenta “jefa de una asociación ilícita”, según informó el Centro de Información Judicial (CIJ), el juez federal Claudio Bonadio “pidió su desafuero” al Senado, que en diciembre pasado ya rechazó otro pedido similar del mismo magistrado.
Miguel Ángel Pichetto, jefe del bloque de senadores peronistas y enfrentado en la interna partidaria a la expresidenta, anticipó su postura contraria a un desafuero mientras no haya una condena firme.
En el fallo de 500 fojas, el magistrado procesó también con prisión preventiva a 17 exfuncionarios, entre ellos el exministro de Planificación Julio de Vido, ya detenido por otra causa, y casi todos sus colaboradores, además de 13 empresarios.
De este total, permanecerán en libertad por haber sido aceptados como “arrepentidos” al colaborar con la justicia, cinco exfuncionarios y nueve empresarios, ente ellos Ángelo Calcaterra, primo del presidente argentino, Mauricio Macri.
Otros siete empresarios, cuatro exfuncionarios y un exjuez fueron procesados sin prisión preventiva.
Bonadio embargó a todos los procesados por 4.000 millones de pesos (100 millones de dólares).
“Maquinaria”
El juez investiga el pago de sobornos millonarios por parte de los más importantes empresarios argentinos para obtener contratos de construcción de obra pública entre 2003 y 2015.En un extenso fallo de 500 fojas, Bonadio consideró que “la asociación ilíctia fue comandada por (el ya fallecido) Néstor Kirchner y Cristina Kirchner”, durante cuyos gobiernos funcionó “una maquinaria que le sacaba con procedimientos amañados dinero al Estado”.
El objetivo era “distribuir coimas a funcionarios corruptos, a cambio que, por avaricia y codicia, ese selecto grupo de empresarios también se llenaran los bolsillos mediante su participación en licitaciones o concesiones”.
Bonadio estimó que “lo producido por esos sobornos era utilizado” para financiar ilegalmente campañas electorales o “vinculadas a la gestión política del gobierno y de organizaciones satélites, para comprar voluntades del Poder Judicial” o “a tareas de inteligencia política”.
“Pero el grueso de esos fondos fueron destinados a engrosar de manera espuria e ilegal, el patrimonio personal de quienes entre los años 2003 y 2015 ocuparon los más altos cargos de la República”, destacó el juez.
“Persecución”
La trama de sobornos fue destapada por una serie de detallados diarios que llevó un chofer del ministerio de Planificación y cuyas copias terminaron en manos de la justicia.A esas anotaciones hechas en cuadernos escolares se han sumado las confesiones de una docena de implicados que se acogieron a la figura legal de “arrepentidos”, la mayor parte empresarios, pero también exfuncionarios kirchneristas.
En el marco de esta investigación, la senadora fue indagada dos veces por el juez Bonadio. En ambos casos estuvo personalmente en el juzgado, pero presentó escritos en los que rechazó las acusaciones.
Hace tres semanas, el juez llevó a cabo allanamientos en las tres viviendas de Kirchner, un departamento en Buenos Aires y dos casas en Río Gallegos y El Calafate, en la Patagonia, al sur del país.
En un video divulgado el domingo, la expresidenta mostró algunos destrozos producidos durante los tres días de allanamiento en su casa de El Calafate y responsabilizó al juez. “Fue un capítulo más de humillación y persecución”, denunció.
La expresidenta, que se considera una perseguida por la justicia, había recusado sin éxito al juez y al fiscal de la causa, Carlos Stornelli.
“Arbitrario”
El abogado de Kirchner Gregorio Dalbón dijo que el juez “es inútil y arbitrario”, en declaraciones al canal C5N.La actual senadora, de la centro-izquierda del peronismo, es la principal dirigente de la oposición y conserva un núcleo duro que la apoya de alrededor de 30% de los argentinos, según encuestas, a un año de las elecciones presidenciales.
Ayer lunes, en otra causa, la justicia le denegó un pedido de postergación de audiencia y deberá presentarse hoy a indagatoria, citada por el juez Sebastián Casanello, que investiga lavado de dinero por parte del detenido empresario Lázaro Báez, cercano a los Kirchner.
La expresidenta está investigada en siete causas por supuesta corrupción y por presunto encubrimiento a iraníes en la causa por el atentado a la mutual judía AMIA.
