La expresidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marisol Peña, planteó que hay problemas procesales en la acusación constitucional que terminó destituyendo e inhabilitando por 5 años para ejercer cargos públicos al exministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz.

Entrevistada por Radio Biobío, la abogada calificó el resultado de este juicio político como un hecho “histórico”, porque “nunca habíamos visto, y ayer la discusión fue muy álgida en torno a este punto, que se dedujera una acusación constitucional en contra de dos autoridades distintas, por hechos distintos”.

En su opinión, lo anterior “forzó naturalmente a tramitar la acusación en términos que me atreví a calificar, desde un comienzo, como anómalos”, agregó.

Consultada sobre el posible éxito del juez Muñoz si lleva su reclamo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Peña sostuvo que “al haber admitido y tramitado una acusación constitucional que se refería a dos personas distintas, por hechos distintos (…) creo que se podría argumentar que complica el derecho a la defensa”.

Lo anterior, según explicó la expresidenta del TC, porque “una acción de este tipo lo que persigue son responsabilidades constitucionales y personales”, por lo que no puede perseguirse las responsabilidades de una persona por los actos de otro.

“Tanto en la Constitución chilena como de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 8 sobre garantías judiciales”, recogen lo anterior, por lo que el proceso llevado a cabo en el Congreso para ambos jueces , “efectivamente es un punto que podría colisionar con el debido proceso”, argumentó Peña.

En la misma línea, la expresidenta del TC planteó que “los principios esenciales del debido proceso se aplican a todo tipo de procedimiento, incluyendo los que se conocen normalmente como juicios políticos, o acusaciones constitucionales”.

Agregó que “al menos la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que cuando se desarrolla un juicio político hay que equilibrar muy bien la no afectación del principio de la independencia judicial, para lo cual es indispensable que el derecho a la defensa como parte del debido proceso se cumpla estrictamente”.

Asimismo, comentó que “habría elementos para sostener que en el caso del Juez Muñoz habría existido afectación del debido proceso legal, sobre todo porque la Cámara tenía una salida”.

En cuanto al fondo de la acusación por notable abandono de deberes contra el exministro Muñoz, Marisol Peña cree que había antecedentes suficientes para proceder a la destitución, en lo que se refiere al capítulo primero del libelo, referido a la revelación de información reservada sobre una causa judicial que favoreció a su hija; no así en el segundo.