El senador Guido Girardi, denunció este domingo que la Clínica Dávila exige el depósito previo de dinero en efectivo antes de atender al paciente, incluso en casos de urgencia.
El miembro de la Comisión de Salud del Senado y autor de la ley que prohíbe uso de cheque en garantía como condicionante a la entrega de prestaciones de salud, llegó hasta el centro asistencial privado junto a familiares de pacientes que pasaron por esa situación.
Por ello dijo que pedirá a la Superintendencia de Salud que obligue a la Clínica a devolver el monto exigido, así como el término de registro de su registro como prestadora, “porque las multas son irrisorias y deben tener un castigo ejemplificador”.
También anunció que apoyará a las familias afectadas en la presentación de un recurso de protección y de acciones civiles contra el establecimiento de Salud.
Durante la actividad, María Marcos dio a conocer el caso de su madre, María Teresa Buffo Farías, de 92 años, quien la mañana del 14 de agosto pasado sufrió una caída, se golpeó las costillas y quedó con dificultad para respirar.
“Ella tiene Fonasa y la llevamos a la urgencia de la Clínica Dávila. La evaluaron y dijeron que había que hospitalizarla en la UCI y debíamos depositar tres millones de pesos en efectivo. Si no, teníamos que contratar una ambulancia particular para llevarla a otro lado. Somos una familia grande y unida y logramos juntar sólo dos millones por lo que a las 20:00 horas la ingresaron a una sala común. No teníamos idea lo de la ley de urgencia”.
Otro caso expuesto es el de la señora María Cecilia Andrade Pérez, de 58 años, quien el pasado 28 de noviembre llegó hasta la urgencia del mismo centro asistencial con una grave infección renal.
Su hija Magdalena recuerda que “le hacen exámenes y me dicen que estaba complicada y que debe quedar hospitalizada, pero antes debes ir a recaudación para ver como cancelar. Yo le digo pero si es una urgencia, me responden que debo tener $992.000 en efectivo o sino le iban a dar el alta… y eran las cuatro de la mañana”.
Girardi afirmó que “acá tenemos dos casos de una crueldad extrema y un abuso inconmensurable que da cuenta que la Clínica Dávila no está en condiciones éticas y morales de ser un prestador de Salud porque sistemáticamente viola la ley”.
“Hicimos la ley que prohíbe el cheque en garantía y la ley de urgencia que obliga a atender de manera gratuita hasta que el paciente es estabilizado y puede ser derivado, pero no las respetan y prefieren pagar las multas porque los montos son irrisorios”.
Finalmente, sostuvo que tal vez muchas familias no lograron conseguir el dinero y el paciente falleció. “Por eso solicito a todos quienes han tenido problemas similares con esta clínica, que nos hagan llegar los antecedentes para actuar por el bien de la sociedad chilena y terminar con este tipo de abusos que indignan y que son intolerables”.
El miembro de la Comisión de Salud del Senado y autor de la ley que prohíbe uso de cheque en garantía como condicionante a la entrega de prestaciones de salud, llegó hasta el centro asistencial privado junto a familiares de pacientes que pasaron por esa situación.
Por ello dijo que pedirá a la Superintendencia de Salud que obligue a la Clínica a devolver el monto exigido, así como el término de registro de su registro como prestadora, “porque las multas son irrisorias y deben tener un castigo ejemplificador”.
También anunció que apoyará a las familias afectadas en la presentación de un recurso de protección y de acciones civiles contra el establecimiento de Salud.
Durante la actividad, María Marcos dio a conocer el caso de su madre, María Teresa Buffo Farías, de 92 años, quien la mañana del 14 de agosto pasado sufrió una caída, se golpeó las costillas y quedó con dificultad para respirar.
“Ella tiene Fonasa y la llevamos a la urgencia de la Clínica Dávila. La evaluaron y dijeron que había que hospitalizarla en la UCI y debíamos depositar tres millones de pesos en efectivo. Si no, teníamos que contratar una ambulancia particular para llevarla a otro lado. Somos una familia grande y unida y logramos juntar sólo dos millones por lo que a las 20:00 horas la ingresaron a una sala común. No teníamos idea lo de la ley de urgencia”.
Otro caso expuesto es el de la señora María Cecilia Andrade Pérez, de 58 años, quien el pasado 28 de noviembre llegó hasta la urgencia del mismo centro asistencial con una grave infección renal.
Su hija Magdalena recuerda que “le hacen exámenes y me dicen que estaba complicada y que debe quedar hospitalizada, pero antes debes ir a recaudación para ver como cancelar. Yo le digo pero si es una urgencia, me responden que debo tener $992.000 en efectivo o sino le iban a dar el alta… y eran las cuatro de la mañana”.
Girardi afirmó que “acá tenemos dos casos de una crueldad extrema y un abuso inconmensurable que da cuenta que la Clínica Dávila no está en condiciones éticas y morales de ser un prestador de Salud porque sistemáticamente viola la ley”.
“Hicimos la ley que prohíbe el cheque en garantía y la ley de urgencia que obliga a atender de manera gratuita hasta que el paciente es estabilizado y puede ser derivado, pero no las respetan y prefieren pagar las multas porque los montos son irrisorios”.
Finalmente, sostuvo que tal vez muchas familias no lograron conseguir el dinero y el paciente falleció. “Por eso solicito a todos quienes han tenido problemas similares con esta clínica, que nos hagan llegar los antecedentes para actuar por el bien de la sociedad chilena y terminar con este tipo de abusos que indignan y que son intolerables”.
