Edgardo Riveros Marín, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Central.
La semana pasada tuvo lugar la IX Cumbre de las Américas, teniendo como anfitrión al gobierno de Estados Unidos de América. Uno de los aspectos que concitó atención y motivó polémica fue la no invitación, por parte del organizador, a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela. La razón entregada fue su naturaleza no democrática.
Es efectivo que existen razones fundadas para cuestionar, desde una perspectiva democrática, la naturaleza de los gobiernos mencionados. En Cuba, desde hace más de sesenta años existe un régimen de partido único, con persecución sistemática a cualquier expresión de disidencia. En Nicaragua y Venezuela, la situación es de persecución a los opositores y de utilización de todos los medios, incluidos los carentes de legitimidad, para mantener en el poder de forma prolongada a Ortega y Maduro. La institucionalidad controlada, mediante el uso de la fuerza armada, permite el encarcelamiento de líderes opositores y una persecución permanente a quienes se manifiesten contrarios a los que detentan el poder.
No obstante la realidad descrita, para los efectos de lograr cambios en los Estados que sufren las consecuencias de falta de un sistema democrático, parece ineficiente dejarlos fuera de las convocatorias, toda vez, que ello trae como efecto que no tengan que responder los requerimientos, denuncias y demandas que puedan formulárseles en un diálogo abierto en el cual los temas que se fijen en la agenda sean, precisamente, los de construcción de sociedades fundadas en los valores democráticos.
De esta forma, lo eficiente no es excluir gobiernos de las convocatorias de diálogo, como son las Cumbres, sino construir una adecuada agenda con amplitud de temas, algunos de los cuales resultarán molestos en grado sumo para los dictadores o a los aspirantes a serlo. De lo que se trata es abrir los espacios para construir sociedades basadas en los valores de la democracia.
Hay ejemplos en la historia que muestran que diálogos abiertos y sin exclusión de temas ayudan a los procesos. Uno de ellos es lo ocurrido con la Conferencia de Helsinki sobre Seguridad y Cooperación en Europa, que culminó en 1975 y que incluyó entre los aspectos a tratar los Derechos Humanos y la libertad en las comunicaciones. Cualquier análisis que se haga respecto a los cambios producido en dicho continente a partir de 1989-1990, no puede dejar de valorar lo ocurrido en la citada Conferencia.
Edgardo Riveros Marín, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Central.
