El Presidente de Bolivia, Evo Morales, decidió este domingo anular la nueva legislación penal que ha causado las protestas de varios sectores del país y que tenían previsto movilizarse el lunes, día en el que el Gobernante debe brindar el informe anual de su gestión ante el Legislativo nacional.

“Decidí abrogar todo el Código del Sistema Penal”, indicó Morales durante una entrevista a medios estatales en La Paz bajo el argumento de “evitar que la derecha use el código para una conspiración política”.

El Mandatario contó que recibió varias llamadas de allegados, militantes y dirigentes sociales, que le manifestaron que “hay que abrogar” la norma penal, aunque consideró que su contenido es bueno y favorable para los sectores sociales.

También señaló que asume la decisión “frente a la falta de socialización al pueblo” de la nueva normativa y reconoció que hubo un “descuido de la Asamblea (Parlamento), también descuidamos como Gobierno, Poder Ejecutivo”.

Morales formalizará la decisión mediante una carta dirigida al Legislativo para que se consideren los artículos observados por algunos sectores sociales, principalmente profesionales, cívicos, algunos sindicatos, las iglesias Católica y Evangélica, entre otros.

La nueva legislación penal ocasionó primero la huelga de los médicos y que duró 47 días porque consideraban que uno de sus artículos penalizaba su labor profesional que ocasionó la suspensión de la atención regular en el sistema público de sanidad.

Sin embargo, en los últimos días las protestas se masificaron ya que sectores cívicos y ciudadanos organizaron bloqueos con suspensión se las actividades comerciales en al menos siete regiones del país andino.

Esas protestas, además de oponerse a la ley penal, se manifestaron contra la habilitación de Morales para las futuras elecciones nacionales previstas para el 2019.

En los primeros días de este año, el Ejecutivo pidió al Legislativo anular dos artículos que ocasionaron, en primera instancia, el paro de los profesionales en salud y el inicio de protestas de los transportistas.

Luego, Morales anunció la “suspensión” de la aplicación de la norma que durante un año se evalúe la redacción de los artículos observados, como fruto de la sugerencia de los sectores sociales cercanos a su Gobierno.