España recuerda este martes el 40° aniversario del fallido golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, un suceso que cimentó su democracia, con la notoria ausencia de uno de sus protagonistas, el rey Juan Carlos I, exiliado en Abu Dabi.

Con un discurso televisado de madrugada, luciendo el uniforme de capitán general de los ejércitos, el entonces joven monarca llamó al orden a los militares sublevados y se confirmó como un baluarte de la joven democracia española.

“Su firmeza y su autoridad fueron determinantes para la defensa y el triunfo de la democracia”, le reconoció su hijo y heredero, el rey Felipe VI, durante un sencillo acto de conmemoración en el Congreso de los Diputados, tomado hace 40 años por los sublevados.

A la ceremonia acudió la cúpula del Estado: el jefe de gobierno, el socialista Pedro Sánchez, las presidentas de las cámaras parlamentarias, los dirigentes de la oposición o los máximos representantes del poder judicial.

Pero faltó uno de los grandes protagonistas, Juan Carlos I, el rey abdicado en 2014 y exiliado desde agosto en Emiratos Árabes tras las crecientes sospechas sobre el origen opaco de su fortuna.

El ex jefe de Estado, que regularizó meses atrás casi 680.000 euros (unos 825.000 dólares) ante el fisco para evitar una persecución por blanqueo, es objeto de hasta tres investigaciones judiciales y ha perdido las simpatías de los españoles ganadas durante la transición.

Incluso se encuentra distanciado de su hijo que, para proteger la Corona de sus escándalos, renunció a la herencia de su padre y le retiró la asignación presupuestaria de la Casa Real.

La consagración de Juan Carlos

Aunque ya pasaron cuatro décadas, en la memoria colectiva de los españoles sigue viva la imagen del teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero asaltando pistola en mano el Congreso de los Diputados, al mando de unos 200 hombres.

En ese momento, a seis años de la muerte del dictador Francisco Franco, España transitaba un rumbo democrático que un grupo de militares quería detener.

Desde el palacio de la Zarzuela, el rey Juan Carlos, que entonces solo tenía 43 años, llamó uno por uno a los capitanes generales que dirigen las distintas regiones del país para que respetaran la legalidad democrática.

Ya de madrugada, el rey pronunció un discurso en televisión en apoyo a la democracia, vestido de capitán general de los ejércitos.

“La Corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático”, declaró.

Tejero y sus hombres aceptaron finalmente rendirse el 24 de febrero a mediodía, liberando a los diputados y ministros que habían tenido retenidos durante 18 horas.

Con ese discurso, “el rey Juan Carlos I asumió su responsabilidad y su compromiso con la Constitución” aprobada en 1978, indicó su hijo Felipe VI.

Para el diario conservador El Mundo, la ausencia del rey emérito “debido a sus propios y reprobables errores, no debe empañar el brillante protagonismo que le corresponde en el día en que se recuerda su llamamiento televisivo (…) Así frenó el golpe”.

La democracia a debate

Cuatro décadas después del golpe fallido, algunos cuestionan la calidad de la democracia y las instituciones españolas. 

El número tres del gobierno y líder de la izquierda radical Podemos, Pablo Iglesias, aseguró recientemente que en España no hay “plena normalidad política y democrática”.

También jóvenes discuten con violentas protestas la libertad de expresión existente en el país tras el encarcelamiento de un controvertido rapero.

“Se ha producido un avance innegable” pero eso “no nos puede permitir ser autocomplacientes, hay muchas cosas que todavía necesitan ser mejoradas”, dijo la portavoz gubernamental, la socialista María Jesús Montero.

Partidos independentistas de Cataluña, Galicia y País Vasco boicotearon la ceremonia en el Congreso y lanzaron un comunicado conjunto asegurando que el llamado 23F blindó “la mal llamada transición democrática española, con la figura del Rey y el Ejército como sus mayores garantes”.

También presentaron una proposición para desclasificar los archivos confidenciales sobre ese intento de golpe de Estado, todavía rodeado por un halo de misterio y ciertas dudas por resolver.