Ministras de la Segegob (s) y Segpres (s) explicaron que un “problema en la plataforma digital” que administra la información respecto del patrimonio e intereses de los miembros del gabinete provocó que éstos no pudieran ser vistos por la ciudadanía. Asimismo, precisaron que una vez que el reglamento de probidad y transparencia en la función pública esté vigente, ello no volverá a ocurrir.

“Lamentamos que efectivamente haya habido una situación en la plataforma digital, este es un Gobierno que tiene la firme voluntad de poner a disposición las informaciones que corresponden”, señaló este lunes la vocera (s), Claudia Pascual, al explicar por qué el fin de semana no se podía acceder a las declaraciones de patrimonio e intereses de varios ministros y subsecretarios en el sitio web dispuesto para ello.

La secretaria de Estado, quien también se vio afectada con el error informático, subrayó que “las declaraciones están, siempre estuvieron y fueron subidas rápidamente el día sábado cuando se detectó el problema” y que estas están vigentes desde abril de 2015 (la primera fue en marzo de 2014), cuando se efectuaron por segunda vez cuando la Presidenta Michelle Bachelet pidió la actualización de los datos relativos a los bienes y sociedades que integran para transparentar la gestión y ver que no hubiese conflictos de interés de las autoridades respecto a las materias que deben trabajar, situación que se dio a raíz del caso Caval.

Más didáctica fue la ministra (s) de la secretaría general de la Presidencia, Patricia Silva, quien precisó que lo ocurrido en la plataforma de internet obedece a que “hay dualidad de sistemas”, puedo que existe el vigente que es manual vía documento que es escaneado y subido, y uno digital con formulario electrónico.

“En junio de este año a partir de la entrada en vigencia de este reglamento todos estos problemas se van a terminar, pero contundente y rotundamente quiero señalar que las declaraciones estaban hechas en tiempo y forma por cada uno de los ministros y subsecretarios”, aseguró.

TODOS OBLIGADOS

Añadió no hay una posibilidad de optar si a un funcionario público lo rige o no lo rige la Ley 19.628 que regula esta materia. “La ley totalmente vigente lo que hace es establecer la obligatoriedad a una serie de autoridades de realizar su declaración de patrimonio e intereses a todas por igual”.

Dicho esto, la secretaria de Estado que reemplaza en funciones al ministro Nicolás Eyzaguirre, indicó que el reglamento presidencial que emanó el año pasado en el marco de la agenda de probidad y transparencia, lo que hizo fue ampliar no solamente en materias sino en funcionarios obligados a hacer esa declaración.

“Como este es un tema de buena práctica y de buena fe, obviamente que había que garantizar a aquellas personas, por ejemplo, funcionarios a honorarios, asesores de alto nivel, que no tenían ninguna obligación de hacerlo por ley, sino por una buena práctica, de poder determinar y decidir sólo ellos si es que hacían pública o no su declaración, no que no la hicieran sino que se hiciera pública”.

Por ello, acotó, en el sitio dispuesto para verlas los datos personales como el domicilio o el RUT no aparecen, pero ello no quiere decir que no los hayan declarado. “Los datos personales pueden mantenerse en reserva. Hay ciertos datos de cualquier ciudadano que son reservados que no es que no se han puesto en la declaración sino que no se hacen públicos como domicilio, porque publicable no es.