Tras el triunfo del Rechazo en el plebiscito de salida por la nueva Constitución, la encuesta publicada por el Estudio Ipsos, reveló que el 78% de las y los chilenos, siguen defendiendo la necesidad de una nueva Carta Magna, que reemplace la de 1980.

Según el informe, cuatro de cada cinco personas encuestadas consideran que la Constitución debía reformarse, independiente de si era rechazada la propuesta. Por otro lado, solo un 13% cree que la Carta Magna redactada en 1980, debe mantenerse sin cambios.

Si bien existe consenso en que se debe renovar el documento, aún no hay una opción clara sobre el mecanismo para lograr un nuevo texto constitucional. En tanto, el 39% apoya la convocatoria de un nuevo plebiscito para que sea la ciudadanía la que elija el mecanismo; el 30% cree que deben ser las fuerzas políticas las que elijan la fórmula.

Además, la vía constituyente acusa el desgaste del ‘rechazo’ y solo el 24% cree que es necesario iniciar un nuevo proceso constituyente.

ORGANISMO RESPONSABLE

En cuanto al organismo que sería responsable de la redacción del nuevo texto, el 41% aboga por una “comisión de expertos”; el 26% apuesta por una Convención Mixta con parlamentarios y nuevos constituyentes, de los ya electos o resultado de una nueva votación; el 15% defiende una nueva convención electa en votación y el 11% se inclina por el Congreso.

La encuesta al consultar sobre los peores y mejores aspectos del texto constitucional que fue rechazado, reveló que los sistemas de justicia y derecho de propiedad, mientras que entre los segundos figura el Sistema Nacional de Salud, de Seguridad Nacional y de Educación.

“Hay un consenso general que el texto constitucional debe ser cambiado. Lo que manifestó la ciudadanía el día de ayer es su disconformidad específicamente con la propuesta de la Convención Constitucional”, afirmó la gerente de Estudios de Ipsos Chile, Alejandra Ojeda.

“La interrogante a resolver es cómo avanzar en cambiar la actual constitución. Al día de hoy resulta más confiable para las personas la idea de convocar a grupos de expertos, ya sea una comisión de expertos o convención mixta”, añadió.

“Pero instituciones poco reputadas ciudadanamente, como el Congreso o como una nueva Convención Constitucional electa, no estarían teniendo la legitimidad necesaria para enfrentar un nuevo proceso”, advirtió.

“En el actual escenario se va a requerir de una clase política capaz de dialogar y llegar a consensos por el bien del país”, cerró Ojeda.