El Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello (ISPAB) presentó los resultados del tercer capítulo del VIII Estudio Nacional de Salud 2017, llamado “Percepción de las Isapres de los Chilenos: El caso Masvida y la Reforma al sistema”, cuyo trabajo de campo fue efectuado por la empresa GfK Adimark, durante mayo y junio de este año.
Los datos muestran cifras categóricas en torno al sistema de Isapres. La mitad de los encuestados dijo conocer el caso de la Isapre Masvida (institución que vivió una compleja situación financiera que ha generado incertidumbre entre sus afiliados). De ellos, un 70% aseguró que esta situación particular afectó severamente la credibilidad del sistema.
¿La razón? Un 86% de la opinión pública dijo que la responsabilidad en el “caso Masvida” se debió a la mala administración de los directivos de la Isapre; un 83% afirmó que hubo mala gestión fiscalizadora de la Superintendencia de Salud y un 76% culpó a fallas del marco regulatorio de las Isapres.
Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la UNAB, señaló que “Masvida se ha constituido en una tormenta perfecta para el sistema Isapre, la cual ha afectado aún más su imagen, ya que ha puesto en cuestionamiento la solvencia financiera de éste, la capacidad y la eficacia reguladora de la Superintendencia de Salud. Lo anterior es grave, ya que en el fondo se ha deteriorado la fe pública en el sistema en su conjunto, afectando las relaciones entre afiliados e Isapres y entre prestadores de servicios de salud y las Isapres lo que terminará encareciendo el sistema y agregando inestabilidad a éste”.
Un 67% del total de los encuestados opinó que las Isapres deben permanecer funcionando y un 55% de ellos cree que deben hacerlo, pero con reformas importantes. En tanto, un 26,4% señaló que éstas debieran desaparecer. En cuanto a lo que busca el Gobierno con la denominada “Reforma al Sistema de Isapre”, 7 de cada 10 entrevistados sostuvo que el Ejecutivo pretende que las Isapres permanezcan, pero con algunos cambios. Mientras que un 20,9% cree que el Gobierno quiere que las Isapres desaparezcan, una cifra mayor a la que se mostró en el 2015, con 10,3%.
En caso de que los cotizantes de Isapre se vieran obligados a cambiarse a Fonasa, se mantiene en torno al 61% los que lo consideran una pésima idea, este porcentaje aumentó a un 75% cuando se les pregunta a los afiliados a las Isapres, es así como la mayoría sigue manifestándose en contra ante esta posible situación.
Respecto de la existencia de las Isapres, Sánchez agrega que “la población considera que esto no debiera ponerse en cuestión, sin embargo, con la misma fuerza opinan que éstas deben ser reformadas sustancialmente, en cuanto al alza de precios y al perfeccionamiento de los mecanismos que aseguren una mayor estabilidad financiera del sistema y mayor protección a los afiliados en caso de falencia en éste. En vista de lo anterior, aparentemente la regulación que aseguraba un traspaso automático de afiliados a otras isapres, en caso de quiebra o cierre de registro, que se eliminó en la reforma de 1995, debiera ser revaluada su reinserción en un nuevo marco regulatorio”.
Los datos muestran cifras categóricas en torno al sistema de Isapres. La mitad de los encuestados dijo conocer el caso de la Isapre Masvida (institución que vivió una compleja situación financiera que ha generado incertidumbre entre sus afiliados). De ellos, un 70% aseguró que esta situación particular afectó severamente la credibilidad del sistema.
¿La razón? Un 86% de la opinión pública dijo que la responsabilidad en el “caso Masvida” se debió a la mala administración de los directivos de la Isapre; un 83% afirmó que hubo mala gestión fiscalizadora de la Superintendencia de Salud y un 76% culpó a fallas del marco regulatorio de las Isapres.
Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la UNAB, señaló que “Masvida se ha constituido en una tormenta perfecta para el sistema Isapre, la cual ha afectado aún más su imagen, ya que ha puesto en cuestionamiento la solvencia financiera de éste, la capacidad y la eficacia reguladora de la Superintendencia de Salud. Lo anterior es grave, ya que en el fondo se ha deteriorado la fe pública en el sistema en su conjunto, afectando las relaciones entre afiliados e Isapres y entre prestadores de servicios de salud y las Isapres lo que terminará encareciendo el sistema y agregando inestabilidad a éste”.
Un 67% del total de los encuestados opinó que las Isapres deben permanecer funcionando y un 55% de ellos cree que deben hacerlo, pero con reformas importantes. En tanto, un 26,4% señaló que éstas debieran desaparecer. En cuanto a lo que busca el Gobierno con la denominada “Reforma al Sistema de Isapre”, 7 de cada 10 entrevistados sostuvo que el Ejecutivo pretende que las Isapres permanezcan, pero con algunos cambios. Mientras que un 20,9% cree que el Gobierno quiere que las Isapres desaparezcan, una cifra mayor a la que se mostró en el 2015, con 10,3%.
En caso de que los cotizantes de Isapre se vieran obligados a cambiarse a Fonasa, se mantiene en torno al 61% los que lo consideran una pésima idea, este porcentaje aumentó a un 75% cuando se les pregunta a los afiliados a las Isapres, es así como la mayoría sigue manifestándose en contra ante esta posible situación.
Respecto de la existencia de las Isapres, Sánchez agrega que “la población considera que esto no debiera ponerse en cuestión, sin embargo, con la misma fuerza opinan que éstas deben ser reformadas sustancialmente, en cuanto al alza de precios y al perfeccionamiento de los mecanismos que aseguren una mayor estabilidad financiera del sistema y mayor protección a los afiliados en caso de falencia en éste. En vista de lo anterior, aparentemente la regulación que aseguraba un traspaso automático de afiliados a otras isapres, en caso de quiebra o cierre de registro, que se eliminó en la reforma de 1995, debiera ser revaluada su reinserción en un nuevo marco regulatorio”.
