Símbolo para algunos de la libertad de expresión en España, el rapero Pablo Hasél fue detenido y encarcelado este martes para cumplir una pena de nueve meses de cárcel por unos tuits atacando la monarquía y las fuerzas de seguridad.

“¡No nos van a parar nunca, no nos van a doblegar!”, gritaba con el puño alto Hasél mientras la policía lo escoltaba fuera de la universidad de Lérida, en la región nororiental de Cataluña, donde se había atrincherado la víspera con decenas de jóvenes.

“Muerte al Estado fascista”, vociferó en el instante antes de que los agentes lo introdujeran en el vehículo policial, entre abucheos de activistas que protestaban en esta ciudad a 150 km de Barcelona.

De allí fue llevado directamente al centro penitenciario de esa localidad, donde ingresó de inmediato, señaló el intendente Jordi Dalmau, jefe de la policía regional catalana en la zona.

Condenado a nueve meses de cárcel por unos tuits publicados entre 2014 y 2016, Hasél tenía plazo hasta el viernes para entregarse voluntariamente y empezar a cumplir sentencia por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona y las fuerzas de seguridad.

En los mensajes, el rapero arremetía contra la monarquía y llamaba, por ejemplo, “mercenarios de mierda a las fuerzas policiales y las acusaba de torturar y asesinar a manifestantes e inmigrantes.

En 2014, el cantante ya había sido condenado a dos años de cárcel por enaltecimiento del terrorismo por unas canciones donde pedía la muerte de la familia real o ensalzaba a grupos extremos responsables de violentos atentados.

En esa ocasión, el encarcelamiento no se ejecutó porque el rapero no tenía antecedentes y la pena no superaba los dos años.

“UNA FALSA DEMOCRACIA”

En una entrevista telefónica con AFP, Hasél había dicho el viernes que no se presentaría ante la policía.

“Tendrán que venir ellos a secuestrarme y también servirá para que el Estado quede retratado como lo que es: una falsa democracia”, dijo, desafiante.

El lunes, ante los rumores de una detención inminente, se atrincheró en el edificio del rectorado de la universidad de su ciudad, Lérida, junto a decenas de jóvenes que querían dificultar su arresto.

“Me encarcelarán con la cabeza alta por no haber cedido a su terror”, publicó el rapero en uno de sus últimos tuits, pocas horas antes de su detención.

Los agentes policiales llegaron sobre las 6:30 y, pese a encontrarse algunas barricadas y contenedores para impedir su acceso, pudieron ir desalojar los activistas sin “incidentes graves”, comentó un portavoz.

En Madrid y en Barcelona se han celebrado manifestaciones de apoyo a Hasél, que se podrían repetir en la tarde de este martes una vez realizada su detención.

Unos 200 artistas, entre ellos el director de cine Pedro Almodóvar, el actor Javier Bardem y el cantautor Joan Manuel Serrat, firmaron un manifiesto en su defensa.

INCOMODIDAD DEL GOBIERNO

El escándalo incomoda al gobierno de izquierdas del socialista Pedro Sánchez, cuya portavoz María Jesús Montero reconoció la semana anterior que no había “proporcionalidad” en la condena al rapero.

A la defensiva, el ejecutivo prometió “una revisión de los delitos relacionados con excesos en el ejercicio de la libertad de expresión”, con el objetivo de que se impongan penas “disuasorias” y no de cárcel.

Socio minoritario de la coalición gubernamental, el partido de izquierda radical Podemos denunció abiertamente la situación.

“Todos aquellos que presumen de esta ‘plena normalidad democrática’ y se consideran progresistas, deberían sentir vergüenza”, tuiteó la formación.

El mensaje evoca unas recientes declaraciones de su líder y vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, quien aseguró que “no hay una situación de plena normalidad política y democrática en España”.

Sus comentarios, que generaron mucha polémica, se referían a la situación de los nueve dirigentes catalanes que cumplen entre 9 y 13 años de cárcel por el fallido intento de secesión de 2017.

El caso de Hasél recuerda al del rapero español Valtonyc, quien en 2018 se marchó a Bélgica horas antes de entrar en prisión para cumplir una condena por injurias al rey, enaltecimiento del terrorismo y amenazas en sus canciones.

Bélgica ha rechazado la extradición solicitada por España hasta el momento, alegando que sus acciones no constituyen delito bajo la ley belga. El caso está pendiente de un proceso de apelación.