La expresidenta de la Convención Constitucional y académica de la Universidad de Santiago (Usach), Elisa Loncón, se refirió la decisión de no entregar información respecto a su antecedentes académicos y laborales entre 2018-2022 que le fue solicitada por Ley de Transparencia.

Loncón y la casa de estudios convocaron a una conferencia de prensa este martes para referirse a la decisión de recurrir a la Corte de Apelaciones de Santiago para impugnar la orden que le dio el 4 de mayo el Consejo Para la Transparencia (CPLT) sobre la entrega de los antecedentes.

Loncón agradeció “la solidaridad recibida de diferentes grupos. A los colegas académicos que se han solidarizado conmigo y firmado una carta en mi apoyo y contra la violencia, son cientos de académicos de 17 países, de más 100 universidades, 6 Premios Nacionales”.

En primer lugar, la docente sostuvo que “la información de mi trabajo académico es pública y se puede llegar a ella a través de los link del Departamento de Educación”.

Asimismo, aclaró que “no he entregado mis antecedentes al Consejo para la Transparencia porque me acogí al Art. 21° N°2 de la Ley 20.285”.

El artículo nombrado establece que dentro de las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, se encuentra cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico.

En ese sentido, Loncon afirmó que “no he entregado los datos porque he sido objeto de difamación desde el año 2021, cuando fui nombrada presidenta de la Convención Constitucional”.

“Desconfío por mal uso que se pueda hacer de la información entregada. Hay más  académicos con permiso sabático, pero ocurre que a mí solamente me exigen la documentación y eso se llama discriminación”, precisó.

De esta forma, explicó que “por eso me acogí al Art. 21, N2. Ningún paso dado ha estado fuera de la ley, estoy sujeta a ella como todos”.

“AI tomar esta decisión, no lo hago solo por mí, estoy poniendo en alerta, a otros que puedan vivir la misma experiencia de menoscabo, en mi caso, por representar una causa justa de un pueblo excluido. Ser académica e investigadora”, agregó.

Además, detalló que “la universidad dispone de todos mis antecedentes, mi producción académica, títulos y grados como corresponde, y estos han sido revisados cuidadosamente y ratificados su autenticidad por las instituciones respectivas, la universidad, Contraloría General de la República. Entre otros se constata que obtuve un. PhD en la U. de Leiden, que tengo una Maestría de la UAM-I México y un grado de Doctor en Literatura de la PUC”.

Respecto al año sabático que le fue otorgado por la universidad, Loncon indicó que “es una práctica conocida dentro de las academias. No es un tiempo de descanso sino de investigación y se desarrollan otras actividades fuera de la institución”.

“Mi solicitud fue aprobada con un programa de investigación, de difusión, internalización, tareas que ya he realizado en su mayor parte, quedando pendiente algunos compromisos en Chile con escuela y conferencias en dos congresos”, añadió.

“Entre ellos: he publicado tres libros, dos capítulos de libros, dos artículos. He dado 15 conferencias, ocho de ellas en universidades importantes, como Universidad de Paris II, Universidad de Harvard, Universidad de Santa Barbara, Universidad de Michigan, Smith College, Universidad de Auckland, Universidad Técnica de Sydney, Western Sydney University”, detalló la docente.

En esta línea, aseguró que “el financiamiento de los viajes internacionales ha sido proporcionado por las instituciones anfitrionas, no son gastos de la universidad”.

“HOSTIGAMIENTO Y PERSECUCIÓN”

La académica remarcó que “el hostigamiento y persecución a mi condición de académica, con sesgo racial, de clase y de género, perjudica mi trabajo, pone en duda mi integridad académica y personal”.

Por su parte, el director de Comunicación de la universidad, René Jara, entizó que “nunca se pidieron los grados académicos de la profesora Loncón, lo que se pidió es el trabajo que ha realizado como académica para la Universidad de Santiago”.

“La Ley de Transparencia establece que recibida la solicitud de acceso a la información pública y cuando se refiera a datos o antecedentes de terceros que puedan eventualmente ver afectado sus derechos, la Universidad de Santiago tiene la obligación legal de comunicarle a este tercero si es que tiene la intención de oponerse a la entrega de información”, explicó.

Es en ese contexto que “la profesora Loncón ejerció ese derecho establecido en la ley y en la Constitución para efectos de negar esa solicitud. La universidad como servicio público sujeto a la Ley de Transparencia no tiene otra opción que comunicar esta negativa a la solicitante”.

Cabe señalar que, tras esta situación, la solicitante presentó un reclamo de amparo por denegación de información Consejo para la Transparencia quienes ordenaron a la Usach a entregar los antecedentes solicitados.

Luego de este dictamen, desde la institución presentaron un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago debido a que, según comentó el director de Comunicación “la decisión para el Consejo para La Transparencia fue resuelta solamente por dos consejeros y consejeras, el señor Leturia y la señora González (…) una mala integración del Consejo para la Transparencia no cumple con la exigencia legal de tres de cuatro miembros y por lo tanto entendemos que se tomó esa decisión con manifiesta falta de la investidura regular del órgano, lo que está previsto en la Constitución como un acto nulo”.

Por otro lado, Jara argumentó que además la decisión se adoptó debido a que “el consejero señor Leturia a través de los medios de comunicación se pronunció sobre esta causa y eso es una infracción al principio de abstención”.

En tanto, la directora de Género, Diversidad y Equidad de la Usach, Yenniffer Ávalos, manifestó que “la discriminación y odiosidad que ha vivido la académica está ampliamente descrita en una serie de recomendaciones en materia de Derechos Humanos de las mujeres que se ha desarrollado desde diversos mecanismos de protección”.