En un sistema presidencial como el chileno los mandatarios tienen la prerrogativa constitucional de nombrar y remover ministros. Esta facultad discrecional es de la esencia de un sistema presidencial, por lo que este último cambio de gabinete introducido por la Presidenta Bachelet no debería sorprender desde la perspectiva del manejo del gobierno. Sin embargo, un conjunto de elementos hacen de este quinto cambio un evento político particular.
Primero, el momento político en que se produce y segundo, los ministros que son reemplazados. Un poco más de seis meses antes del fin de su gobierno la Presidenta Bachelet reemplaza a parte importante del equipo económico del gobierno, los ministros de Hacienda y Economía y el subsecretario de la primera cartera.
El cambio de este equipo siempre es complejo pues no es solo un mensaje al sistema político sino también a los actores económicos nacionales e internacionales. Si bien durante el gobierno del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle el ministro de Hacienda salió del gabinete en diciembre de 1999, dicho cambio no representó un conflicto político pues fue anunciado por el propio presidente y el ministro Aninat se fue para asumir un cargo en un organismo internacional.
Se añade que es un año electoral, en que se está ad portas de discutir la ley de presupuesto y en que el tema del crecimiento no solo es un problema económico y social sino también electoral. Lo estrecha de la competencia electoral es bueno para la democracia, pero no para el gobierno que desearía entregar el poder a su mismo sector político.
Desde una perspectiva más larga la manera de administrar el presidencialismo de coalición de la Presidenta Bachelet muestra elementos de continuidad y cambio respecto a su primer gobierno y a los gobiernos de la Concertación. Elementos de continuidad son que los partidos continúan siendo parte importante del gobierno en el sentido que la gran mayoría de los ministros son militantes de los partidos de la coalición (una diferencia con el gobierno de Piñera, en el que el gran número de ministros independientes tensionó el manejo de la coalición). También la Presidenta ha aplicado ciertas reglas informales de distribución del poder presentes desde 1990, como la proporcionalidad en la representación de los partidos en el Congreso, en el Gabinete y la transversalidad (combinación de militancia de ministros y subsecretarios).
Sin embargo, los elementos diferenciadores parecen ser más notorios. Primero, la relación entre la Presidenta y los partidos de la Nueva Mayoría no es de independencia como lo ha sido desde 1990, sino de prescindencia: es la propia Presidenta y su equipo más cercano quienes realizan la coordinación del gobierno. En este cambio de gabinete se repite la lógica de no consultar los cambios con las directivas de los partidos. Segundo, este cambio parece ser el resultado de la incapacidad de la gestión presidencial para resolver los obvios conflictos que habrá en la gestión de gobierno antes de que se hagan públicos y para, en caso de que algún ministro no esté dispuesto a seguir su línea programática, removerlo sin el costo político de que este presente primero su renuncia a la opinión pública.
En un sistema presidencial como el chileno es el presidente o presidenta quien articula, coordina, negocia y resuelve los conflictos inherentes a la gestión de gobierno. La Presidenta parece ser más jefa de Estado que de gobierno y coalición en estas materias.
Finalmente, en un contexto con un nuevo sistema electoral y nuevos partidos y movimientos políticos, vale la pena reflexionar sobre el futuro del presidencialismo de coalición.
*Mireya Dávila es Doctora en Ciencia Política por University of North Carolina y Académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile.