Finalmente, el Gobierno dio suma urgencia al proyecto de ley que regulará las aplicaciones móviles de transporte. Con ello cumplió una promesa, que era ampliamente esperada por el rubro. Sin embargo, no estamos hablando de cualquier normativa, sino de una que afectará la vida de millones de chilenos. Los riesgos de equivocarse con altos.

Es importante eliminar el uso de efectivo de los autos particulares, pensando en la seguridad de los mismos conductores. En la mayoría de los países que legislaron recientemente el efectivo quedó para el uso exclusivo de los taxistas.

Por otro lado, es importante que la nueva ley regule la tarificación. Esto para que no existan aplicaciones que destruyan el mercado, bajando los precios a tal punto que deje de ser atractivo para conductores y la competencia. De no ser así, el mercado estaría dominado por la empresa que pueda hacer más descuentos y no la que tenga el mejor servicio o cumpla con la normativa.

La nueva ley también debería contemplar infracciones no solo para las empresas sino también para los conductores. No debería darse el espacio, por ejemplo, para la figura del reemplazo informal de conductores.

Respecto del cobro por kilómetro, pensamos que no es necesario si es que se regulan bien las tarifas. El debate por definir si este punto es constitucional o no, atrasará innecesariamente la aprobación del proyecto. Este cobro le va a seguir dando fuerza a las aplicaciones más grandes y con millonarios capitales internacionales, que lo pagarán desde su bolsillo en una primera etapa, para matar la competencia, y luego cobrar los valores que quieran. A la larga, habrá un gran daño al pasajero.

Finalmente, no debemos olvidar un punto del cual poco se ha debatido. Lamentablemente el proyecto de ley enviado por el Gobierno habla solo de aplicaciones, pero no regula las empresas de radio taxi. El 80% utiliza vehículos particulares y nadie dice nada. Eso no puede seguir ocurriendo.

Hoy existe una tremenda oportunidad de ordenar el mercado del transporte público. Chile necesita una ley que sea justa para pasajeros, conductores y empresas. Llegar a ese equilibrio supone un tremendo desafío. Es de esperar que el resultado de la ley vaya en esa línea y no ocurra un nuevo bochorno como el de los estacionamientos, en que triunfó el lobby y una vez más los ciudadanos perdieron.