A cuatro meses del inicio del estallido social el Poder Judicial aportó cifras relacionadas a los principales delitos y casos presentados ante la Justicia en dicho periodo.
El informe fue dado a conocer por la ministra vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, quien detalló los alcances del documento titulado “Estallido social y justicia penal, una mirada desde las cifras del Poder Judicial”.
En primer lugar, la información da cuenta que entre el 18 de octubre de 2019 y el 17 de enero de 2020, 143 mil 215 causas fueron ingresadas a los Juzgados de Garantía.
De ellas 51 mil 838 causas ya se encuentran concluidas, a pesar de que en 20 mil 113 casos no se inició una investigación. Según explica el Poder Judicial, esta decisión se debe, principalmente, a que estas denuncias incluyeron un tercero no identificable, impidiendo llevar a cabo las indagaciones.
En tanto, de los delitos ligados a violaciones a los derechos humanos ocurridos después del estallido social, hubo 107 denuncias por abusos contra particulares, 819 por apremios ilegítimos por parte de funcionarios públicos, 168 por torturas, 21 por apremios ilegítimos con abusos sexuales y 12 querellas por crímenes de lesa humanidad.
Por la otra vereda, en aquel plazo se registraron 504 denuncias por delitos ligados a la Ley de Seguridad del Estado, 3.783 por desórdenes públicos, 292 por cometer incendios, 1.045 por maltrato de obra a carabineros, 3.071 por receptación y 4.299 denuncias por robo en lugar no habitado.
El informe fue dado a conocer por la ministra vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, quien detalló los alcances del documento titulado “Estallido social y justicia penal, una mirada desde las cifras del Poder Judicial”.
En primer lugar, la información da cuenta que entre el 18 de octubre de 2019 y el 17 de enero de 2020, 143 mil 215 causas fueron ingresadas a los Juzgados de Garantía.
De ellas 51 mil 838 causas ya se encuentran concluidas, a pesar de que en 20 mil 113 casos no se inició una investigación. Según explica el Poder Judicial, esta decisión se debe, principalmente, a que estas denuncias incluyeron un tercero no identificable, impidiendo llevar a cabo las indagaciones.
En tanto, de los delitos ligados a violaciones a los derechos humanos ocurridos después del estallido social, hubo 107 denuncias por abusos contra particulares, 819 por apremios ilegítimos por parte de funcionarios públicos, 168 por torturas, 21 por apremios ilegítimos con abusos sexuales y 12 querellas por crímenes de lesa humanidad.
Por la otra vereda, en aquel plazo se registraron 504 denuncias por delitos ligados a la Ley de Seguridad del Estado, 3.783 por desórdenes públicos, 292 por cometer incendios, 1.045 por maltrato de obra a carabineros, 3.071 por receptación y 4.299 denuncias por robo en lugar no habitado.
